El sumario interno que lleva adelante la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, por el envío de armas y material antitumulto a Bolivia cobró otro volumen esta semana. Se lo dieron los dos primeros reveses judiciales que afrontó el expresidente Mauricio Macri en la causa judicial que lo investiga por «contrabando agravado». Su gobierno envió el armamento a La Paz para proteger la embajada argentina tres días después del golpe de Estado que forzó la renuncia del presidente constitucional Evo Morales. Una parte, entre ellas 70 mil balas antitumulto, fue entregada a la Policía y a la Fuerza Aérea de Bolivia en una operación donde están involucrados tres ministros de Macri y tres jefes de Gendarmería: el exdirector general de fuerza José Otero y los entonces directores de Logística, Rubén Yavorski, y de Operaciones, Carlos Recalde.

Los tres ya hicieron sus descargos en el sumario junto con los once integrantes del Grupo Alacrán de Gendarmería que fue trasladado durante la noche del 12 de noviembre de 2019 desde El Palomar hasta La Paz, donde fueron recibidos por el entonces embajador Normando Álvarez García junto con el comandante de Gendarmería y exagregado en La Paz Adolfo Héctor Caliba. Esa investigación interna preocupa a Macri y a su abogado, el exfiscal Pablo Lanusse, que se consideraron agraviados por no tener acceso a un sumario extrajudicial que recién llegará a la causa cuando haya concluido.

El caso está en manos del juez en lo penal económico Javier López Biscayart y del fiscal Claudio Navas Rial. El magistrado se negó a paralizar el caso y luego rechazó una apelación interpuesta por Lanusse.

La movida desnudó que el caso no pasa inadvertido para el expresidente y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Además, multiplica los interrogantes sobre la relación que mantienen actualmente con los exjefes de Gendarmería y, en especial, con Otero. El director de la fuerza era el uniformado más cercano a Bullrich. En el entorno de la titular del PRO sostienen que ambos no pudieron comunicarse porque el exuniformado estaba con otros asuntos, pero el pedido de Lanusse refleja que desconocen lo que dijo en el sumario, cuando se trata de un aliado dentro de la fuerza. O ninguno de los exuniformados los puso al tanto de sus descargos o saben de antemano que en su interior se cocina un antecedente complicado para el desarrollo de la causa judicial.

Cuando el juez y el fiscal reciban el sumario podrán elegir y valorar las pruebas. Podría ser la previa de las indagatorias que decidan para a Macri, Bullrich y los exministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie. Los exgendarmes y los efectivos del Grupo Alacrán también están entre los posibles citados, pero luego de la relectura de los testimonios en el sumario. Esa agenda de convocatorias se cruza con el calendario electoral y se transforma en un dilema para el juez ante el riesgo de que el caso se politice.

En Juntos por el Cambio sentencian que se trata de una operación impulsada por el gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, y la activa colaboración de sus pares argentinos. La cantidad de pruebas reunidas por el gobierno para sostener la denuncia debilitan esa acusación. El Ministerio de Justicia sumó otro elemento sobre el rol que tuvo la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en esa época. Estuvo dirigida por Héctor Cozzi y reportaba al entonces ministro Germán Garavano. Sin embargo, durante los primeros meses del gobierno del presidente Alberto Fernández sus autoridades firmaron dos veces, en enero y agosto de 2020, las renovaciones para el uso del armamento en el exterior con el argumento de proteger la embajada en La Paz. En la cartera de Justicia, que conduce Martín Soria, le dijeron al diario La Nación que se trató de una maniobra de encubrimiento. «La ANMaC, ante este tipo de pedidos formales, se limita a autorizar la prórroga a pedido de las Fuerzas de Seguridad», pero se trató de «una parte del intento de encubrimiento de la entrega ilegal de material bélico a la Fuerza Aérea y a la Policía Boliviana». «El encubrimiento se terminó de consolidar en julio de 2020, cuando un gendarme informó que las 70 mil municiones habían sido consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro», remarcaron.

El organismo que ahora acusa Soria es el mismo que, con Cozzi al mando, fue acusado por el gobierno de cambiar la regulación para la salida del armamento. Se concretó el 7 de noviembre de 2019, cinco días antes del vuelo del Hércules C-130, pero dos semanas después del inicio de un expediente interno que arrancó el 24 de octubre de 2019. Todavía se desconocen las razones que originaron la elaboración de esa resolución, pero aumentan las sospechas sobre una planificación previa de la colaboración argentina con el golpe en Bolivia que se consumó poco después, con un nivel de involucramiento de la administración Macri que por ahora parece incompleto. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, que encabeza el diputado nacional Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, anunció que investigarán el rol de la AFI en la operación –por entonces comandada por Gustavo Arribas– a partir de la serie de indicios que sugieren una activa participación, que la actual conducción del organismo, en manos de la interventora Cristina Caamaño, también indaga en forma interna.   «