La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura postergó hasta la semana próxima una decisión sobre los jueces que fueron trasladados de un tribunal a otro durante el gobierno de Cambiemos, salteando el procedimiento previsto para la designación de magistrados.

El representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, propuso después de dos horas de debate, la postergación del tratamiento del tema.

El presidente del Consejo, el camarista federal Alberto Lugones, aclaró en medio de la discusión: “hay actos realizados por este consejo que son por lo menos antirreglamentarios. Nadie me va a impedir que diga eso. Se aprovechó una mayoría circunstancial, se buscó entre los jueces designados y se eligió para ocupar no cualquier cargo: se eligió jueces para integrar una Cámara que resuelve las cuestiones más difíciles y más complejas”.

Tras denunciar “un carnaval de traslados” durante el anterior gobierno, Lugones advirtió que “esos jueces juzgaron ciertos hechos que ahora hay sectores que temen que puedan ser modificados. ¡No se preocupen!, aun cuando los traslados fueran dejados sin efecto, los actos que dictaron son válidos.  No venimos a darle impunidad a nadie. Yo estoy aquí para garantizar que se cumpla la Constitución Nacional y las leyes”.

El consejero Ustarroz cuestionó el mecanismo de traslados de jueces dispuestos por decretos firmados por el ex presidente Mauricio Macri que posibilitaron, por ejemplo, que jueces de tribunales orales como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ocuparan cargos en la Cámara Federal porteña en donde tramitaban causas por presunta corrupción de funcionarios del período 2003-2015.

El diputado macrista Pablo Tonelli se opuso al tratamiento de esa cuestión porque –argumentó- el Consejo de la Magistratura no tiene competencia para ello. Propuso, sí, la elaboración de un proyecto de ley para que se regulen en el futuro los traslados de jueces de un tribunal a otro.

El también juez Ricardo Recondo coincidió en la necesidad de  elaborar un proyecto de ley para el futuro y en que “esto no es competencia del Consejo”.

“Por eso, sin entrar al fondo del asunto, creo que es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo. Ellos verán qué hacen”.

El consejero abogado Diego Molea sostuvo que los jueces que fueron trasladados “conocían el vicio” administrativo de esos actos e igualmente los aceptaron. No obstante consideró que no deben revocarse los traslados sino completar el procedimiento es decir “que el Senado preste acuerdo a esos traslados”.

“Siento vergüenza ajena por jueces que teniendo competencia para un cargo luego pidan el traslado para otro cargo donde la competencia no es la misma.  Jueces penales han pedido el traslado para la competencia electoral cuando son exámenes de evaluación de idoneidad distintos, como lo son distintos para un juez de tribunal oral con un juez de Cámara”, tales los casos de Bruglia y Bertuzzi.

Molea también refutó el argumento de la “misma jerarquía”, es decir que los jueces pueden pasar de un juzgado a otro si se los considera iguales en sus facultades, ni inferiores, ni superiores. “La igualad de jerarquía es sólo de escala salarial”.

Bruglia y Bertuzzi integraban tribunales que declaraban a los imputados culpables o inocentes y resolvían la cantidad de años de prisión; con los traslados pasaron a la instancia anterior, es decir la revisión de los procesamientos de primera instancia, el paso previo a enviar los expedientes a juicio oral.

La consejera diputada oficialista Vanesa Siley alertó que mediante el mecanismo utilizado para los traslados “está afectada la garantía del juez natural. No afecta al magistrado, afecta al justiciable. Es necesario tener en cuenta esto, que es fundamental”. Y añadió, con una lectura de fondo sobre la cuestión: “Aquí había un objetivo político”.