Los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, del bloque Frente Nacional y Popular, y Martín Doñate, del bloque Unidad Ciudadana, presentaron una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, solicitando que cumpla la ley y reciba sus juramentos como integrantes del Consejo de la Magistratura para que el órgano vuelva a funcionar.
Desde hace casi tres meses, la Corte posterga la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo. El argumento que esgrimido es que las designaciones “se encuentran a estudio del Tribunal por razones que son de público conocimiento”. Recalde y Pilatti Vergara fueron designados por el bloque mayoritario Frente Nacional y Popular; Vischi, por la primera minoría, la UCR; y Martín Doñate, por la segunda minoría, Unidad Ciudadana.
En ese marco, tanto Recalde como Pilatti Vergara y Doñate realizaron la presentación ante la Corte exigiendo que se les tome juramento para que se concrete la conformación constitucional del Consejo. Y aseguraron que evalúan otras acciones administrativas, civiles y penales, para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado.
En las tres notas, los senadores sostuvieron que “la única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas” y que no es competencia de la Corte “estudiar” las designaciones. Asimismo recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.
Por otra parte consideraron que el accionar de la Corte es “discriminatorio” ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”. Ese es el caso de la diputada de la UCR Roxana Reyes, quien ya tomó juramento como consejera a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicó la Corte en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque radical.
Los senadores expresaron que además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto” porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso. Para los senadores, este accionar representa “una grave amenaza para la salud institucional de la República ”.
