El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó este jueves por la mañana a Santiago Omar Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, a la pena de prisión perpetua por el homicidio del abogado de presos políticos Mario Hernández dos meses después del golpe de Estado.
Hernández fue secuestrado en la madrugada del mayo de 1976 cuando regresaba a su casa en la localidad de Beccar en un operativo con camiones del Ejército y personal uniformado que dispararon varias veces, según contaron los vecinos. Los militares saquearon su casa y se robaron sus pertenencias, entre ellas su auto. Desde allí fue llevado al centro clandestino de detención de Campo de Mayo y luego asesinado.
Su cuerpo fue encontrado el 23 de junio de 1976 en la zona rivereña de La Balandra de la localidad de Berisso y fue luego enterrado como NN en el cementerio de La Plata. En 2019, sus restos fueron identificados a partir de las huellas dactilares.
Cuando el juicio comenzó, las partes acusadoras desconocían que Hernández había sido identificado, por lo que Riveros llegó al debate acusado por desaparición forzada. A partir del testimonio del hermano de Hernández, José Hernández, quien declaró en la primera audiencia del juicio, la fiscalía y las querellas solicitaron la ampliación de la acusación para incluir el homicidio.
Es por eso fue considerado coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, tormentos, robo y homicidio. El TOF 1 de San Martín además ordenó librar un oficio al programa Justicia y Memoria de la Facultad de Derecho de la UBA para que se realice la reparación histórica del legajo docente y estudiantil y que figura que fue víctima del terrorismo de Estado.
Hernández era militante peronista y había conformado con Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña y Roberto Sinigaglia, entre otros, la Gremial de Abogados, en contraposición a la tradicional Asociación de Abogados de Buenos Aires. Desde esa organización, y luego desde la Asociación de Abogados Peronistas, defendieron a los presos políticos de la dictadura de Agustín Lanusse y tuvieron un rol central en la denuncia de los fusilamientos de Trelew.
El mismo día de su secuestro, algunas horas más tarde, fue desaparecido Sinigaglia. Los dos abogados eran amigos y compartían estudio jurídico con Duhalde, Gustavo Roca y otros defensores de presos políticos. En ese momento, estaban conformando la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), para denunciar al terrorismo de Estado en el exterior.
Esta es la condena número 19 para Riveros y la novena a prisión perpetua. Como jefe de la Zona IV, fue la máxima autoridad en la zona norte y oeste del conurbano bonaerense hasta Zárate y Campana.
