El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi advirtió este lunes que la fiscalía incurrió en «mala praxis» al intentar sostener una «fantasía» vinculada a que en el kirchnerismo se «hacía un Presupuesto para que gane Lázaro Báez» y que la acusación quedó «fulminada» ante las pruebas.
«No bajamos los brazos en ningún momento», remarcó Beraldi y destacó que «la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio» porque «quedó demostrado» que la acusación «carecía de verosimilitud», y fue «falsa y sin fundamentos», en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad.
En la primera jornada de su alegato recordó las declaraciones como testigo, entre otros, del presidente Alberto Fernández a la hora de demostrar que la asignación de partidas para la obra pública es potestad del Congreso nacional a través del Presupuesto. «La fiscalía dijo algo que realmente es una fantasía, que el Congreso tenía facultades marginales», agregó Beraldi sobre la confección del Presupuesto Nacional y la asignación de obra pública en el país.
Contra la fiscalía
El letrado advirtió que «todo esto nos conduce a que lo que se probó es la mala praxis en la que ha incurrido la fiscalía» a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenar a 12 años de prisión a la Vicepresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y defraudación y su inhabilitación para cargos públicos. También exhibió en el alegato que se realiza de manera remota a través de la plataforma Zoom grabaciones de declaraciones de diferentes testigos a lo largo de casi tres años de juicio, entre ellas la del actual Presidente y ex jefe de Gabinete Fernández.
El defensor usó un tramo de la declaración indagatoria que brindó la Vicepresidenta al inicio del debate oral, cuando remarcó que «corresponde al Congreso fijar anualmente el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al programa general del Gobierno». La Presidencia de la Nación «fija los lineamientos políticos generales», agregó el abogado en relación al Gobierno nacional. Al respecto, poco antes destacó que los gobiernos tienen distintas prioridades y «del 2003 al 2015 pusieron como su prioridad la inversión pública».
También recordó que se trata de una decisión de «carácter político no judiciable» y al respecto mostró también el tramo de la declaración como testigo del presidente Fernández. donde ratificó ese concepto y de otro exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich. «No hay ninguna norma sobre la asignación de recursos para obra pública en relación a número de habitantes», dijo Capitanich cuando pasó como testigo en relación a uno de los argumentos de la acusación vinculado a la densidad demográfica de Santa Cruz en contraste a la cantidad de obra pública nacional que se adjudicó.
Beraldi remarcó en base a los testimonios que «no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias». Al iniciar su exposición pasadas las 8, el defensor remarcó que la acusación fiscal quedó «fulminada» por las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio por el supuesto direccionamiento de 51 obras en Santa Cruz a favor del también acusado dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
La acusación es «falsa y sin fundamentos», agregó y cuestionó la «persecución» a la Vicepresidenta. «Es perseguida cinco veces por el mismo delito», sostuvo en relación a las causas abiertas en su contra por supuesta asociación ilícita y remarcó que la defensa juega «un partido en cancha inclinada». «La prueba destruye cada uno de los cargos de los fiscales, añadió. «No bajamos los brazos en ningún momento», remarcó Beraldi y destacó que «la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio» porque «quedó demostrado» que la acusación «carecía de verosimilitud», y fue «falsa y sin fundamentos».
Beraldi se alternaba en el alegato con su colega Ary Llernovoy a la hora de exponer la prueba técnica ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. El abogado inició su exposición con una introducción en la que destacó que, «desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes».
El objetivo era «demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado», agregó. «En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento», aun «cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país ni creo que en el mundo», subrayó Beraldi.
A modo de ejemplo, el abogado señaló que la Vicepresidenta fue citada «en un mismo día a prestar ocho declaraciones indagatorias», al aludir a una decisión que tomó en su momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio. También mencionó una ocasión en que a él, como abogado defensor, lo retiraron de un allanamiento por «orden directa del magistrado» y, con eso, se violentaron «todas las garantías que hacen directamente a la inviolabilidad del domicilio y derecho a defensa».
Pero el defensor de la Videpresidenta advirtió además que «las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que, incluso, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia, específicamente hacia su hija que, como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud», enfatizó.
«Nunca bajamos los brazos porque nosotros sabemos, todos saben, que la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio», asevero Beraldi y reiteró que, después de casi tres años de debate oral, «quedó demostrado» que las acusaciones «carecían de verosimilitud», pese a lo cual durante nueve jornadas de alegato la fiscalía «repitió las mismas acusaciones» y actuó «como si el juicio no hubiese existido».
«Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la fiscalía tiene es contundente y va en relación al peso a la cual se le adjudica un tonelaje de tres toneladas», aseveró. Beraldi remarcó que su carrera profesional comenzó mucho antes de asumir la defensa de la Vicepresidenta: «Nunca en mi vida he escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver», dijo.
Beraldi y su colega Ary Llernovoy desarrollaban una defensa técnica basada en el repaso desde 2008 de las denuncias presentadas contra la Vicepresidenta y, además, remarcaron que los hechos que se ventilan en este juicio fueron juzgados ya en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En la causa se juzgan supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 como adjudicaciones direccionadas en un 80 por ciento a empresas del también acusado Lázaro Báez, presuntos sobreprecios y falta de controles.
La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta «jefa» de asociación ilícita y administración fraudulenta.
El domingo Cristina Fernpandez invitó a escuchar «atentamente» el alegato en el que se «desnuda la farsa» de los fiscales Luciani y Mola. «Mañana (por hoy), a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como “Vialidad”. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?», escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó el link para ver la transmisión en vivo por YouTube.
El pedido de condena de los fiscales del lunes 22 de agosto pasado desencadenó los días siguientes manifestaciones de apoyo a la Vicepresidenta en los alrededores de su departamento del barrio porteño de Recoleta, hasta que el 1 de septiembre, en medio de una de esas vigilias, Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla gatillando un arma a escasos centímetros de su rostro, un hecho por el cual hoy hay cuatro personas detenidas.
Tras el alegato de la Vicepresidenta, restará escuchar a las defensas de otros siete procesados, entre ellos la del empresario y dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez. Una vez que concluyan los alegatos, se abrirá una etapa conocida como de réplicas y dúplicas de las partes, para luego dar inicio a las últimas palabras y, finalmente, al veredicto.
