Dos legisladoras de la Coalición Cívica-ARI que conduce Elisa Carrió presentaron una denuncia basada en escuchas telefónicas a exfuncionarios presos en Ezeiza que darían cuenta de que ellos también estaban al tanto de la denuncia por supuesta extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli por parte del empresario rural Pedro Etchebest. 

La presentación fue realizada ayer por las legisladoras Paula Oliveto y Mariana Zuvic y recayó por sorteo en el juzgado a cargo del mismo magistrado que tiene a cargo la causa de las fotocopias de los cuadernos, el propio Claudio Bonadio.

La denuncia está basada en la transcripción de supuestas escuchas telefónicas realizadas sobre teléfonos de la cárcel de Ezeiza que, según las legisladoras, llegaron a manos de Carrió a través de un sobre anónimo.

Las conversaciones transcriptas en la denuncia permiten inferir que exfuncionarios presos sabían de la denuncia que involucraría a Stornelli antes de que se hiciera pública.

Stornelli fue denunciado por un empresario ruralista quien aseguró haber sido extorsionado por el abogado Marcelo D’Alessio -señalado en la presentación como intermediario de Stornelli- para desvincularlo de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

La denuncia del empresario cayó en el juzgado de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, con jurisdicción sobre Pinamar, lugar del encuentro donde se produjo la maniobra extorsiva.

En la denuncia presentada por las legisladoras de la Coalición Cívica intervendrá el fiscal Gerardo Pollicita y lo primero que deberá determinar la Justicia es si es válida la transcripción de la escucha presentada.

Las escuchas a exfuncionarios presos -en particular a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación- fueron realizadas en el marco de una investigación que tiene bajo el foco al detenido “Rey de la Efedrina” Mario Segovia, pero que no está vinculada con el caso.