Luego de dos semanas de fallidas negociaciones con el Frente de Todos, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, obtuvo en la Legislatura la sanción de una ley de Emergencia Económica, con una votación de 38 voluntades a favor, pertenecientes al PRO y a los aliados de Juntos por el Cambio y 21 en contra, a partir del rechazo del peronismo capitalino. La decisión del FdT fue con aval del presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe de su bancada, Claudio Ferreño advirtiera que la norma era invotable por la serie de recortes y falta de controles opositores al manejo de las partidas que la norma le permite reasignar al Ejecutivo.
Hasta la semana pasada, el texto original planteaba la posibilidad de pagar salarios en forma escalonada y de disponer de una parte del personal estatal. Ambas alternativas fueron descartadas por el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda Martín Mura, pero cuando fueron borradas, la bancada del FdT insistió con la fiscalización de los fondos que libera la norma, especialmente después del escándalo que protagonizó Larreta por la compra de barbijos vencidos a tres mil pesos cada uno, a una empresa vinculada a su entorno familiar.
El macrismo se negó a ampliar el control opositor sobre la aplicación de la ley de Emergencia y se valió de sus propias fuerzas, un giro en la relación que mantiene el alcalde porteño, como referente opositor, con el presidente Fernández, una relación que implicó el apoyo de los legisladores del oficialismo nacional a leyes enviadas por Larreta. A nivel federal, el vinculo entre el alcalde, el presidente y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es cada vez más estrecho para coordinar la gestión ante la pandemia. Incluyó la presencia de Larreta junto a Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante la presentación de la oferta oficial a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera para reestructurar la deuda externa.
Esa convivencia se trizó este jueves en el cuerpo legislativo unicameral porteño. La norma regirá hasta fin de año y le otorga a Larreta la potestad de reasignar partidas, revisar programas no esenciales y contratos de bienes y servicios. El macrismo, bajo la marca de Vamos Juntos, contó con el apoyo del Partido Socialista, que conduce Roy Cortina, el bloque UCR-Evolución, que digita el senador nacional Martín Lousteau y el GEN. Los votos en contra fueron del FdT, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad.
Las razones que originaron el proyecto que llevó la firma de Larreta tiene que ver con la merma en la recaudación tributaria de la Ciudad por el impacto de la cuarentena. Según la administración porteña la disminución de los ingresos fiscales son del 40% y mandó a la Legislatura un texto que retoma una versión posterior a la crisis de 2001, cuando el entonces alcalde Aníbal Ibarra obtuvo esos poderes ante el escenario fiscal de la recesión.
Control de toda la caja judicial
También fue sancionada una reforma de las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público para crear una nuevo cargo de administración de sus fondos, que durará siete años y que le permitirá al oficialismo local imponer a un funcionario que pueda manejar todos los fondos del Poder Judicial porteño. Hasta ahora el Ministerio Público, es decir la Asesoría Tutelar y la Defensoría General, eran autárquicas, pero este nuevo cambio le permite controlar uno de los presupuestos más importantes del Estado porteño.
Se repitió la foto política de la emergencia económica: el PRO la sancionó con los votos de los aliados y sumó 36 votos a favor, mientras que el FdT y los dos bloques de izquierda expresaron 21 voluntades en contra.
Hasta la semana pasada, el texto original planteaba la posibilidad de pagar salarios en forma escalonada y de disponer de una parte del personal estatal. Ambas alternativas fueron descartadas por el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda Martín Mura, pero cuando fueron borradas, la bancada del FdT insistió con la fiscalización de los fondos que libera la norma, especialmente después del escándalo que protagonizó Larreta por la compra de barbijos vencidos a tres mil pesos cada uno, a una empresa vinculada a su entorno familiar.
El macrismo se negó a ampliar el control opositor sobre la aplicación de la ley de Emergencia y se valió de sus propias fuerzas, un giro en la relación que mantiene el alcalde porteño, como referente opositor, con el presidente Fernández, una relación que implicó el apoyo de los legisladores del oficialismo nacional a leyes enviadas por Larreta. A nivel federal, el vinculo entre el alcalde, el presidente y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es cada vez más estrecho para coordinar la gestión ante la pandemia. Incluyó la presencia de Larreta junto a Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante la presentación de la oferta oficial a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera para reestructurar la deuda externa.
Esa convivencia se trizó este jueves en el cuerpo legislativo unicameral porteño. La norma regirá hasta fin de año y le otorga a Larreta la potestad de reasignar partidas, revisar programas no esenciales y contratos de bienes y servicios. El macrismo, bajo la marca de Vamos Juntos, contó con el apoyo del Partido Socialista, que conduce Roy Cortina, el bloque UCR-Evolución, que digita el senador nacional Martín Lousteau y el GEN. Los votos en contra fueron del FdT, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad.
Las razones que originaron el proyecto que llevó la firma de Larreta tiene que ver con la merma en la recaudación tributaria de la Ciudad por el impacto de la cuarentena. Según la administración porteña la disminución de los ingresos fiscales son del 40% y mandó a la Legislatura un texto que retoma una versión posterior a la crisis de 2001, cuando el entonces alcalde Aníbal Ibarra obtuvo esos poderes ante el escenario fiscal de la recesión.
Control de toda la caja judicial
También fue sancionada una reforma de las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público para crear una nuevo cargo de administración de sus fondos, que durará siete años y que le permitirá al oficialismo local imponer a un funcionario que pueda manejar todos los fondos del Poder Judicial porteño. Hasta ahora el Ministerio Público, es decir la Asesoría Tutelar y la Defensoría General, eran autárquicas, pero este nuevo cambio le permite controlar uno de los presupuestos más importantes del Estado porteño.
Se repitió la foto política de la emergencia económica: el PRO la sancionó con los votos de los aliados y sumó 36 votos a favor, mientras que el FdT y los dos bloques de izquierda expresaron 21 voluntades en contra.
