El gobierno nunca ocultó el deseo de eyectar de su poltrona a la titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Alejandra Gils Carbó. El problema era que necesitaba de socios o, mejor dicho, votos para poder hacerlo a través de una ley. Lo consiguieron cuando acordaron con el Frente Renovador un proyecto de ley para acortar el mandato de la funcionaria y un simple y veloz trámite para su remoción que, de ser sancionado, es muy factible que termine en una disputa judicial.

El oficialismo consiguió un dictamen favorable del proyecto que sufrió varias modificaciones por exigencia del Frente Renovador. Cambiemos tiene planeado llevarlo al recinto el próximo miércoles 26 de octubre de modo tal que en los primeros días de noviembre el Senado le dé sanción definitiva.

En rigor, la alternativa que tenía el gobierno para sacarse de encima a Gils Carbó era el juicio político. Tal vez en el análisis de ese camino el oficialismo habrá pensando que era muy engorroso y, sobre todo, le daba mucha exposición a la jefa de los fiscales porque el proceso, aunque sea político, le garantiza el derecho a la defensa y otorgarle cámaras de TV y micrófono tal vez no ayuda a su objetivo.

Entonces llegó al Congreso el proyecto de ley que elaboró Cambiemos en el que se proponía, entre otros temas, la creación de cuatro sub procuradorías con el único objetivo de licuar el “poder” de la funcionaria no querida. No cuajó la idea. Se escucharon más rechazos que respaldos y en el marco de las necesarias negociaciones los diputados de Cambiemos rápidamente coincidieron conel FR , aunque estos pusieron varias exigencias.

El primer paso fue la creación de una comisión bicameral cuya presidencia recayó en Graciela Camaño. Esta bicameral funcionará, de sancionarse el proyecto, como una verdadera espada de Damocles sobre cualquier procurador porque tendrá potestad para determinar direcciones y decisiones que deben ser acatadas por quien dirija el MPF. En caso de que el o la procuradora haga caso omiso a lo que dispone la bicameral puede perder el cargo porque el proyecto tiene una versión abreviada de juicio político.

Con esos cambios consensuados lejos de las salas de reuniones de Diputados se terminó de redactar el proyecto. Entre las firmas que contiene el dictamen hay muchas del FR. El Bloque Justicialista, el que responde a Diego Bossio, realizó en el plenario de comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, unas tibias recomendaciones para modificar un poco más el texto normativo. Sólo la izquierda y el Frente para la Victoria se opusieron de manera rotunda al proyecto.

El presidente de la comisión de Justicia, el radical cordobés Diego Mestre, reconoció que la bicameral tendrá muchas funciones y amplitud de control sobre el trabajo del MPF. “Va a tener participación en cuanto a los traslados, la conformación de los distintos fiscales, la creación de fiscalías y unidades especiales” y cuyos dictámenes tendrán “sanción ficta» si no se expide el MPF.

El proceso de remoción también fue explicado por Mestre, quien sostuvo que ya no se iniciará por un decreto del Poder Ejecutivo. Si lo del decreto era malo en sí lo que acordaron Cambiemos y el FR no es mucho mejor porque el proceso de remoción se podrá iniciar “por oficio, a requerimiento de la bicameral de control o por impulso de cualquier interesado”. Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, consideró que no era tan conveniente que cualquiera se presente y realice un pedido de remoción de oficio. Como buscando otorgarle un sesgo de razonabilidad pidió que “debe ser a petición fundada y no sólo por oficio”. El oficialismo lo escuchó como oír llover, al menos por ahora.

El tiempo de duración del cargo es otro de los puntos más conflictivos. El nuevo texto plantea una duración de cinco años con la posibilidad de poder renovar por un segundo período de igual lapso de tiempo. El FPV reclamó, entre otros puntos, que debería definirse en una cláusula transitoria qué sucederá con el puesto de GilsCarbó. Desde Cambiemos nadie dijo esta boca es mía y sólo se limitaron a decir que no hay ningún encono personal con la procuradora a pesar de los reiterados pedidos del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que GilsCarbó dé un paso al costado.

Sin pruritos, la que sí confirmó cuál es el objetivo de esta norma fue Graciela Camaño, al sostener que es preciso “una procuración más allá de un procurador o una procuradora que vaya en defensa de los intereses de la sociedad y no en función del partido político que lo puso” y para más datos dijo que lo que se busca es que “nadie se apropie del poder in eternum”.

En riguroso off, en el bloque massista reconocen que el límite del mandato del procurador generará presentaciones judiciales pero, como dijeron, eso ya no será problema del Congreso.

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