El gobierno nacional oficializó su manual de «Buenas Prácticas» para la «simplificación» el sector público nacional a través del Decreto 891/2017, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La medida incluye «la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas de manera tal que nos lleve a un Estado eficiente, predecible, capaz de responder a las necesidades ciudadanas».

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció este jueves esta serie de medidas para «simplificar y desburocratizar» el Estado.

«Presentamos un plan que llamamos de simplificación. La idea es simplificar los trámites del Estado, lo que tiene que ver con la gente y las empresas, y eso es clave para que la economía se potencie, y se atraigan inversiones», señaló Ibarra en diálogo con radio La Red.

«Apuntamos a que todos los trámites del Estado se puedan ir simplificando y haciendo por internet, desde la inscripción de registros para importar, inscribir empresas, registro industrial», agregó. 

Por el lado de las empresas, el ministro aclaró que se concretaron iniciativas como la ventanilla única de comercio exterior «que evita cientos de trámites que las empresas debían hacer en las oficinas públicas».

Como parte de ese plan, por ejemplo en el área de salud, se está trabajando en los turnos por Internet para atenderse en los hospitales, historias clínicas digitalizadas, y en «llevar la telemedicina a todos los rincones del país.

Los dichos del funcionario se dan en el marco de la presentación realizada ayer por el propio Ibarra, su par de Producción Francisco Cabrera, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, de un Plan de Simplificación del Estado.

Las Buenas prácticas:

-Simplificación Normativa. Las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión.

-Mejora continua de procesos a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas.

-Evaluación de la implementación. Todos los organismos del Sector Público Nacional deberán tender a la evaluación de la implementación de las normas regulatorias que dicten.

-Participación ciudadana. Los organismos del Sector Público Nacional incrementarán los mecanismos de participación, intercambio de ideas, consulta, colaboración y de cultura democrática, incorporando las nuevas tecnologías, necesarios para facilitar la comprensión y medir el impacto que traerá aparejado las nuevas regulaciones.

-Presunción de buena fe. Las regulaciones que se dicten deben partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deban acreditarse ante los organismos del Sector Público Nacional.

-Gobierno Digital. El Gobierno Nacional deberá fomentar la interoperabilidad entre las administraciones públicas provinciales, y de la Ciudad, generando de esta manera un intercambio y colaboración mutua.

-Medición de costo-beneficio. El diseño de las regulaciones procurará la incorporación de la medición de los costos-beneficios que impliquen su implementación.

-Silencio positivo. Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de incrementar el carácter positivo del silencio de la Administración.

-Comunicación eficiente. Los organismos del Sector Público Nacional deberán promover el intercambio de buenas prácticas comunicacionales intra y extra organismos.

-Creación de registros. En caso de crearse nuevos Registros, se requerirá la previa autorización del Jefe de Gabinete o del Poder Ejecutivo Nacional. Los nuevos Registros que se creen deberán ser digitales.