La oficina de escuchas judiciales dejará de estar bajo la órbita de la Corte Suprema. Los futuros jueces del máximo tribunal deberán ser escogidos teniendo en cuenta “paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico”. Además, sólo excepcionalmente podrán ser mayores de 75 años. Desaparecerán las trabas burocráticas para las últimas apelaciones y, además, serán gratuitas (a diferencia de la actualidad, en que un recurso de queja cuesta cien mil pesos que se pierden si el planteo es rechazado, lo que suele ocurrir en apenas dos párrafos).
Las iniciativas son solo parte de las casi mil páginas que tiene el documento elaborado por el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Un sector de la prensa la denominó la “Comisión Beraldi”, porque la integra Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Esa reducción desdeña la presencia de juristas notables (Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Ferreyra, León Arslanián y Enrique Bacigalupo). Incluso la jueza del Tribunal Superior porteño Inés Weinberg de Roca, a quien el expresidente Mauricio Macri llevó a ese cargo y luego, como presidente, propuso para procuradora general de la Nación. 

Entre las recomendaciones figura “la determinación de un plazo razonable para la resolución de las causas que llegan a la Corte Suprema, aquellas que tienen naturaleza penal, y para emitir dictamen por parte de la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación”. Hoy ese límite -en los hechos – no existe y, así, el máximo tribunal puede demorar años en resolver un expediente, como ocurrió esta semana con el de Carlos Carrascosa, viudo y exacusado de asesinar a su esposa, María Marta García Belsunce. La Defensoría General de la Nación aclaró que los plazos, “en los casos en los que existen legalmente o son fijados por el Máximo Tribunal, se respetan en la totalidad de los casos. En los expedientes en los que la Corte Suprema solicita dictámenes y no hay términos legales establecidos, el Ministerio Público de la Defensa se expide siempre en plazos razonables”. “Cualquier demora excesiva que puedan tener los casos en trámite ante la Corte Suprema no resulta atribuible a esta institución», añadió la Defensoría.

El documento no habla de cambiar el número de jueces de la Corte. Pero contempla la posibilidad de que algunos expedientes sean resueltos mediante “la actuación de manera unipersonal por integrante” del tribunal para, por ejemplo, cuestiones de competencia y conflictos que se planteen entre jueces y tribunales que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo”. Para decidir qué juez investigará una causa son necesarios en la actualidad tres votos coincidentes, y para conseguirlos a veces pasan meses o años.
Los consejeros Herrera, Arslanian, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo propusieron “un sistema de deliberación judicial abierta para casos de especial trascendencia institucional”; “establecer una legislación que regule las acciones colectivas” y la posibilidad de que el gobierno pueda formular “consultas no vinculantes a la Corte respecto a la constitucionalidad de proyectos de ley, aprobación de convenios o tratados, reglamentos del Poder Ejecutivo o entes descentralizados u otros instrumentos normativos”. Si ello hubiera existido, probablemente la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán jamás habría tenido capítulo judicial. Y las suposiciones judiciales sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman no tendrían sentido.

El documento aconseja por una vía indirecta, un recorte al poder casi imperial de la Corte: la creación de un tribunal intermedio, una suerte de filtro de expedientes. Beraldi, pero también Gil Domínguez, propiciaron que ese tribunal “estaría dividido en salas por materia (penal, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario y seguridad social)”, y su composición “debería garantizar el pluralismo que se encuentra presente en la sociedad civil”. La iniciativa tiene puntos de contacto con una vieja propuesta del exjuez de la Corte, Raúl Zaffaroni. El Consejo, no obstante, no se puso de acuerdo sobre el punto: las juristas Battaini, Kogan y Weinberg lo rechazan.
El documento también propone cambios en lo que en la jerga judicial se conoce como “la plancha del 280”, la simple invocación de un artículo del Código Civil y Comercial para declarar “inadmisible” un planteo de una de las partes en el expediente, sin necesidad de fundamentarlo o brindar explicaciones. Arslanián propuso reformular de manera “más precisa de los parámetros que rigen su aplicación y la incorporación de prácticas más transparentes”. Battaini, Kogan y Weinberg propusieron “dejar de lado la sola invocación de la norma para fundamentar el rechazo y reemplazarlo por la expresión de las principales conclusiones del estudio de la causa”. Dicho de otro modo: jueces, a trabajar. A leer expedientes.

Un nuevo Consejo de la Magistratura

El texto también propone cambios en el Consejo de la Magistratura: la modificación de la integración actual (de 13 miembros pasaría a 16) con “un criterio de igualdad de todas las representaciones (3 estamentos y el ámbito académico), las que deberían tener igual cantidad de miembros: 25% del total reservado para cada una de ellas”. 

Un juez de la Corte podría ser miembro del Consejo y los representantes de los sectores políticos podrían ser los propios legisladores “o representantes de este estamento”. En caso de empate, el presidente del Consejo tendría voto doble, y la presidencia se renovaría todos los años. «