El sorpresivo tuit de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre una supuesta amenaza contra el fiscal Alberto Nisman en la que aparece mencionado el juez federal Claudio Bonadio, encierra una historia de intrigas, policías, operaciones, causas armadas y servicios de inteligencia que es toda una postal de un sector de Comodoro Py 2002.
Bonadio fue acusado por el Fiscal Nisman de querer matarlo!!! La denuncia tramita también en Comodoro Py
Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 1 de junio de 2017
La ex presidenta aludió a una causas, 8912/2010, que tramitó originalmente ante el juez federal Norberto Oyarbide, cuando era subrogante del juzgado número siete. El querellante en esa causa es Antonio Stiuso. Y la denuncia se originó en una situación de la que tomó conocimiento Nisman.
Según pudo reconstruir Tiempo, por aquel entonces el ex comisario Jorge El Fino Palacios estaba preso por la causa de las escuchas ilegales en las que alguna vez estuvo procesado el hoy presidente Mauricio Macri. Palacios responsabilizaba a Nisman por su situación y, según la denuncia, había urdido un plan que tenía un doble objetivo: recuperar la libertad y correr a Nisman de la UFI AMIA.
Ya desde entonces el difunto fiscal temía que lo quitaran de esa fiscalía especial. Por entonces, Alejandra Gils Carbó era apenas una fiscal ante la Cámara en lo Comercial.
Nisman recibió un mensaje anónimo cuyo autor (desconocido) contaba que solía participar de reuniones entre jueces, fiscales, policías y agentes de inteligencia en las que arreciaban las críticas contra el ex titular de la UFI Amia. Le reprochaban su accionar en la investigación por el atentado y una suerte de traición que llevó a sus ex jefes, Eamon Mullen y José Barbaccia, a pasar de investigadores a acusados por el encubrimiento. El autor del anónimo dijo que había cesado su intervención en esas reuniones cuando se comenzó a hablar de amenazas y ataques contra Nisman. En esas reuniones, según el anónimo, estaba Claudio Bonadio.
Nisman denunció el hecho y Stiuso, su principal colaborador por entonces, se convirtió en querellante. En la causa se investiga una supuesta relación entre Bonadio y el Fino Palacios, una suerte de contubernio con Nisman como víctima. Incluso se menciona una visita de Bonadio a Palacios cuando aún estaba en prisión.
La denuncia es confusa y enrevesada, como la mayoría de las que presentaba Nisman. El juez Sebastián Casanello asumió como titular del juzgado siete y heredó el expediente. En al menos dos oportunidades rechazó investigar las celdas de los teléfonos celulares de Bonadio para establecer si efectivamente visitó a Palacios en la prisión.
Pero tras una tramitación que no arrojó grandes resultados, el expediente llegó a manos de la fiscal Paloma Ochoa, quien impulsó una serie de medidas de investigación y condicionó al resultado de esas medidas de prueba una eventual indagatoria contra Bonadio. No por la presunta amenaza contra Nisman sino por el manejo irregular de una parte de la investigación por encubrimiento del atentado contra la AMIA.
El expediente está todavía abierto, con escaso movimiento hasta ahora, y con varias causas conexas que confluyen en un mismo punto: Nisman parecía no confiar en Bonadio. Ni en su trabajo, ni en él como persona.