La Cámara Federal porteña designará este martes, por sorteo, al juez que reemplazará al fallecido Claudio Bonadio durante al menos un año en el juzgado federal número 11.
El sorteo estará limitado a un puñado de jueces federales de primera instancia. Ya se excusaron María Romilda Servini y Luis Rodríguez, y el juzgado federal número 12 está vacante desde que su ex titular Sergio Torres se fue a la Suprema Corte bonaerense.
Así las cosas, las posibilidades se limitan a los jueces Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, María Eugenia Capucetti, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello (quien ejerce la subrogancia actualmente), Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini.
Todavía están a tiempo de excusarse algunos de ellos, según lo prevé el artículo séptimo de la ley 27.439, conocida como “régimen de subrogancias”.
Más aún: ese artículo estipula que el juez que resulte sorteado dispondrá de cinco días para excusarse de hacerse cargo del juzgado.
Si bien Bonadio dejó su juzgado con la mayoría de las causas relevantes elevadas a juicio oral y público, entre ellas los expedientes relacionados con presuntos hechos de corrupción durante el kirchnerismo, están pendiente de resolución decenas de planteos que podrían, directa o indirectamente, afectar el desarrollo de esas causas.
También podés leer: La caja de Pandora que queda como legado con la muerte de Bonadio
Justamente desde el kirchnerismo se levantan, informalmente, apuestas sobre la posibilidad de que el juez subrogante que saldrá sorteado sea Julián Ercolini, a quien la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sindica como uno de los que casualmente siempre le tocan cuando hay una denuncia en su contra.
El sorteo se realizará a las 11 de la mañana en la sede de la Cámara Federal, y si bien una resolución del tribunal –firmada por su presidente, Martín Irurzun- proclama la “máxima difusión” y la publicación en el Centro de Información Judicial (CIJ), aún no está claro si la ceremonia será pública.
El juez que resulte designado sucederá a Bonadio por un año, renovable por otro, a la espera de que se defina en el Consejo de la Magistratura el concurso para ocupar el cargo vacante.
Ese proceso rara vez dura menos de dos años.