El lunes 7 de noviembre comenzó en Salta el juicio oral por el secuestro y desaparición de Manuel Gustavo Medina Ortiz, ciudadano boliviano que había escapado de la dictadura en su país y que fue apresado poco antes del golpe cívico militar en el marco del Plan Cóndor.
Medina Ortiz era abogado y había llegado a Salta en 1971 perseguido por su militancia política y su trabajo como asesor de sindicatos en su Tarija natal. El 10 de octubre de 1975 fue secuestrado por una patota de seis personas, algunas uniformadas y otras de civil, y al menos una de ellas pertenecía a las fuerzas represivas de Bolivia, según denunció su familia. El único acusado del juicio es el expolicía Juan Carlos Alzugaray, miembro de la Delegación Salta de la Policía Federal, quien fue reconocido por la esposa de Medina Ortiz, Zoila Luz Hoyos Aguilera, como uno de los autores del secuestro.
«Ha pasado casi medio siglo de la desaparición de nuestro padre. Hemos sufrido desde niños y sentimos la revictimización, pero hemos tenido que hacer de tripas corazón y volvernos duros. Nosotros queremos recuperar sus restos para darles una sepultura digna como se merece un mártir por la liberación del continente», señaló en diálogo con Tiempo Richard Medina Hoyos, hijo del abogado desaparecido.
Richard tenía 11 años cuando ocurrieron los hechos que marcaron a toda su familia. Hoy tiene 58 y, junto a su hermana Mirtza, declaró desde el Estado Plurinacional de Bolivia en la primera audiencia del debate. Allí repasó lo que pudo reconstruir en estos años sin justicia: la militancia de su padre, la vigilancia, amenazas, los allanamientos y detenciones previas tanto en Tarija como en Salta.
«Todo eso ha marcado nuestra niñez. Estábamos traumados como familia por las detenciones aquí en Tarija y en Salta porque mi padre era activista, era socialista. Luego del golpe de Banzer, mi padre fue perseguido y recuerdo que tenía unos cinco años cuando paramilitares y soldados entraron a mi casa pateando las puertas, volteando las camas, abriendo los roperos, apuntando con armas. Y no fue una sola vez, fueron varias», contó.
Sobre esa época, recordó cómo ayudaba a su abuela a enterrar libros sobre comunismo en el patio para que no los encontraran y cómo esas detenciones y persecución política habían enfermado de los nervios a su padre, quien debía tomar hasta cinco pastillas diarias.
Richard lleva varias décadas investigando lo que le ocurrió a su padre así como su vida y militancia. Preparó un informe sobre su activismo político tanto en Bolivia como en Argentina que es parte de la causa judicial. Allí repasa su filiación comunista, que lo llevó a viajar por Rusia, China, Vietnam, Corea del Norte y Alemania Oriental en plena Guerra Fría y a vincularse con militantes que luego integrarían la guerrilla rural que instaló Ernesto «Che» Guevara en el sur de Bolivia.
Medina integraba la agrupación de izquierda Espartaco y apoyó la toma del poder del militar nacionalista Juan José Torres en 1970, quien un año después sería derrocado por Banzer. Ya en Salta, continuó con su militancia política, imprimía panfletos en contra de la dictadura en Bolivia y participó y apoyó la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia.
Participó de numerosas reuniones para organizar la oposición a la dictadura en Bolivia con otros exiliados, como el propio Juan José Torres, quien sería asesinado en Buenos Aires también como parte del Plan Cóndor menos de un año después del secuestro de Medina. Este movimiento de exiliados empezó a inquietar al régimen de Banzer quien envió enlaces permanentes con la Policía Federal de Salta. A partir de ese momento, comenzaron a ser detenidos de manera frecuente por las fuerzas de seguridad.
A pesar de eso, Medina logró continuar con su actividad como abogado, representando a trabajadores migrantes bolivianos en conflictos laborales con empresas constructoras y agrícolas. Poco antes de su secuestro, había sido amenazado de muerte por directivos de la empresa Panobras, que tenía a cargo una obra pública para el Gobierno de Salta y contra quienes llevaba adelante un juicio laboral.
La familia cree que Medina fue llevado a Bolivia. Así lo indicó un militar, quien se encontraba buscando a un familiar y lo vio maltratado y herido en un hospital en Santa Cruz de la Sierra. Una serie de documentos desclasificados por el gobierno boliviano que fueron presentados por la fiscalía prueban el seguimiento del que eran víctimas militantes de izquierda a ambos lados de la frontera. La nueva documentación le permitirá a la familia armar un proceso en Bolivia para que se investigue el rol de ese país en su desaparición.
«Solo queremos tener la certeza de que mi padre ha sido traído a Bolivia y comenzar a buscarlo aquí, hemos buscado durante mucho tiempo y estas documentaciones un poco reafirman eso», explicó Richard.
–¿Cuál es la expectativa que tienen con este juicio?
–La expectativa que tenemos es la condena de la Justicia hacia Juan Carlos Alzugaray. Nosotros no guardamos rencor a pesar del sufrimiento intenso al que nos han sometido las dictaduras. Yo entiendo que los represores son seres humanos, que Alzugaray debe tener esposa, hijos, nietos. Incluso, le agradezco que esa noche, cuando ha ido a secuestrar a mi padre, sugirió que no se llevaran a mi madre para que pudiera quedarse con sus hijos. Eso demuestra una parte humana. Hasta cierto punto entiendo su participación, lo que no entiendo es la violencia que han aplicado, la deshumanización, haber participado en el acto de desaparición. Sé que hay un pacto de silencio, pero quisiera pedirle públicamente que recapacite, que se comunique con nosotros y que nos dé datos, por lo menos una señal de dónde lo han llevado. Si ha sido asesinado y enterrado, si lo han traído a Bolivia. Eso no le va a quitar nada, es más, le va a dar hidalguía». «
