Por primera vez una patota de la Policía Federal Argentina se sienta en el banquillo de los acusados en un juicio por crímenes de lesa humanidad en La Plata. Son seis ex oficiales acusados por los homicidios de cuatro personas y los secuestros de otras dos. También están acusados por robo. Todos esos hechos fueron cometidos en un operativo realizado el 11 de octubre de 1977 que fue descubierto a través de un legajo hallado hace ocho años por el área de derechos humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticulada meses atrás, en el que los uniformados pedían un ascenso por lo que entonces llamaron una operación antisubversiva.
El juicio comenzó poco antes del mediodía en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Jorge Michelli, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que por primera vez realizará un debate por crímenes de la dictadura (desde 2004 a la fecha todos los había realizado el TOF1). Los acusados son el ex comisario Martín Zuñiga (84), el inspector Roberto Arturo Gigli (69), el sargento Horacio Alfredo Ortiz (71), y los cabos Rafael Oscar Romero (66), José Carlos Sánchez (66) y Jorge Alberto Blanco (69).
Esos hombres estan acusados por los homicidios de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado La Chancha; la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves y tormentos sufridos por Juan José Libralato; la privación ilegal de la libertad de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzmán de Arteaga, y el robo de objetos en la casa de Mansilla.
Esta es la primera vez que se juzga una patota de la Policía Federal en La Plata, explicó la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Coleen Torre. Junto a Emanuel Lovelli representan a la querella de la asociación por el asesinato de Adela Fonrouge. Ella muere en el operativo estando embarazada. A la otra hija, que tenía seis meses la intentaron apropiar, pero su familia la logra rescatar a los pocos días, precisó la abogada.
Es una causa básicamente de prueba testimonial y con siete testigos, dijo Pedro Griffo, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la otra querella en el debate. La particularidad es que la denuncia se inició por un expediente que se generó en el seno de la fuerza, por el cual los propios policías pedían un ascenso por un operativo que ellos denominaban antisubversivo, en el cual habían atacado a estas seis personas. A raiz de ese pedido de ascenso se armó un expediente que fue hallado por el Ministerio de Seguridad y a partir de ahí se generó una denuncia, detalló.
Los policías están en el banquillo por un operativo realizado por la Delegación La Plata de la Policía Federal en la madrugada del 11 de octubre de 1977, cuando una brigada de la Dirección Geneal de Inteligecia de la Superintendencia de Seguridad Federal llegó a la capital bonaerense con información secuestrada al militante de Montoneros Juan Carlos Rodríguez, de 26 años. Los policías reportaron sus operaciones al área 113, con sede en el Regimiento de Infantería 7, y al Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, y comenzaron el raid para desarticular un grupo de militantes de esa organización.
En la faena eboscaron y balearon a Libralato, alias «Tito», y según dejaron asentado en la documentación, fue «hábilmente interrogado». La víctima fue trasladada a Capital Federal y su cuerpo fue hallado en 2014 en el cementerio de Berazategui. Luego fueron a la casa del hombre donde fue asesinada su esposa embarazada, Adela Fonrouge, quien estuvo desaparecida hasta 2004 cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos en una tumba NN del cementerio de La Plata.
El raid continuó con el secuestro de Cugura, alias Ceferino, -su cuerpo fue identificado en 2007 en el cementerio de La Plata), y del resto de las víctimas. De los seis solo robrevivieron dos: Mansilla y Guzmán.
Adela Founrouge muere en el operativo estando embarazada. A la otra hija, que tenía seis meses la intentaron apropiar, pero su familia la logra rescatar a los pocos días, explicó la abogada de Abuelas. Y remarcó que a esta patota se les conoce solo este operativo, aunque Gigli, uno de los acusados, está imputado por la causa de 1 y 60 (un ex centro clandestino que funcionó en el cuartel de Infantería de la policía bonaerense) y en el 77 renunció a la fuerza y se incorporó como Personal Civil de Inteligencia.
En el inicio de la audiencia, todos los imputados se negaron a declarar. El ex policía Gigli no habló, pero a diferencia de sus colegas, que se identificaron como ex policías, dijo ser ex empresario: Hasta el procesamiento era director general de la empresa de seguridad privada Wolf Security, dijo.
Las audiencias continuarán el martes próximo
También podés leer:
