Este viernes, cerca de las seis de la tarde, a casi dos meses de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el Ministerio de Seguridad le entregó a la Justicia el primer sumario interno realizado en Gendarmería Nacional para investigar a los efectivos que participaron de la represión desatada el 1º de agosto en la ruta 40, a la altura del Departamento de Cushamen, en la localidad Pu Lof en Resistencia, donde el joven tatuador fue visto por última vez. Fuentes cercanas al fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, confirmaron a Tiempo la recepción del primer legajo, en respuesta a un requerimiento enviado a Bullrich hace un mes atrás «para deslindar las eventuales responsabilidades correspondientes a agentes estatales». El envío por goteo de los legajos internos a los gendarmes sospechados es sólo una muestra práctica de la estrategia que desplegó el gobierno para dilatar posibles avances en las investigaciones penales y administrativas que involucran al Estado en la desaparición del joven tatuador.
El documento oficial que el fiscal todavía no pudo analizar fue girado en respuesta a la insistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que la cartera de Bullrich cumpliera con las indicaciones legales que pesan sobre todos los organismos estatales cuando inician un sumario, es decir, notificar y hacer parte a la PIA, algo que nunca sucedió hasta que el fiscal Rodríguez le pidió informes a la cartera de Seguridad. Los abogados del ministerio, que responden al jefe de asesores Pablo Noceti, enviaron copias «de actuaciones internas sin ningún valor legal», realizados por el director de Violencia Institucional de la repartición, Daniel Barberis, cuyo nombre saltó a hace diez días a la fama, cuando se filtraron audios de la investigación principal, donde el funcionario aparece persuadiendo a los gendarmes sumariados, con la poco sutil advertencia: «Miren que acá estamos todos en el mismo barco».
Según el discurso público de Bullrich, y de buena parte del gobierno, los gendarmes involucrados fueron investigados internamente desde los primeros días de agosto, por Barberis, aunque en la PIA confirmaron a Tiempo que esas actuaciones jamás fueron controladas por sus fiscales, que fueron discretamente «puenteados» por el aparato legal que responde a Noceti, reconocido como la mano derecha de Bullrich y el hombre que estuvo antes, durante y después del operativo desplegado en Cushamen el 1ª de agosto. «No sabemos por qué demoraron tanto. Quizás comenzaron tarde con los sumarios a raíz de nuestro pedido, pero es un tema que deberá evaluar el fiscal (Federico) Delgado», confiaron a este diario en referencia a las implicancias penales que puede tener la tardanza en la realización de los sumarios que el gobierno dice haber abierto «desde el 4 de agosto». Para los integrantes de la PIA esas actuaciones no tienen ninguna validez legal. Sólo la tiene el primer legajo recibido a casi dos meses de la desaparición, aunque en el gobierno se escudaron detrás de una respuesta de campaña: «Comenzamos las investigaciones internas el 4 de agosto, y los argumentos del Ministerio Público son parte de una estrategia de aprovechamiento político», acusaron, casi en la misma línea de autodefensa pública que esgrime la Casa Rosada desde que la ministra Bullrich pasó a un segundo plano dentro del elenco de funcionarios encargados de responder a los cuestionamientos por el caso.
Fiel a la instrucción presidencial de bajar el perfil ante el empeoramiento del escándalo, la ministra recién rompió el silencio impuesto por Macri este sábado. «Esperamos que la Justicia siga trabajando para que esto se sepa de una buena vez por todas», aseguró la mujer en diálogo con Radio Mitre, en un sutil giro discursivo que evitó refrendar la defensa cerrada de Gendarmería que ensaya desde los primeros días de agosto. Sin embargo, las respuestas de su ministerio a la Justicia la desmienten: al «puenteo» de la PIA en el armado de los sumarios internos, se suma el interés oficial para demorar la evolución de otro expediente, abierto a partir de una denuncia presentada por la Liga Argentina de Derechos del Hombre por encubrimiento contra Macri, Bullrich, Noceti, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garavano y su secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
El caso quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral que decidió, de inmediato, declararse incompetente y mandarlo al juzgado federal de Esquel, que desde esta semana es subrogado por Gustavo Lleral, en reemplazo del cuestionado Guido Otranto. El expediente no viajó a Chubut porque el fiscal federal Federico Delgado apeló la resolución. «Lo único claro y distinto de momento es que Santiago desapareció, que podrían haber agencias de seguridad involucradas y que se reaccionó de alguna manera o de otra frente a esos hechos. Este expediente separado y en la justicia federal criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se justifica en que es preciso someter a investigación esa reacción, porque los denunciantes sospechan que podría involucrar acciones u omisiones delictivas», disparó Delgado en su apelación. Este lunes, su archienemigo, el fiscal General Germán Moldes le dio inesperadamente la razón y la controversia será dirimida en la Cámara Federal durante una audiencia prevista para el 10 de octubre.
El inesperado espaldarazo de Moldes a Delgado es leído en tribunales como una forma de ganar tiempo y frenar otra causa que podría convertirse en un verdadero problema para todos los funcionarios sospechados de encubrimiento: una hipótesis que podría transformarse en delito si el nuevo juez Lleral decide procesar a los gendarmes involucrados en la desaparición de Maldonado. «En el expediente ya están todas las pruebas que vinculan a Gendarmería, pero hasta ahora, la foto sigue igual. Sólo falta que alguien decida tomar medidas frente a tantos indicios, pero es notable que todos se están tomando su tiempo. Quizás esperando que pasen las elecciones, disparó otro funcionario judicial. «
