La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió hoy no abrir un jury al fiscal general marplatense, Fabián Fernández Garello, acusado de participar en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, por considerar que ya hay una investigación en su contra, por los mismos delitos, en la órbita de la justicia federal.
Una fuente de la Secretaría informó a Télam que «se resolvió no abrir jury a Fernández Garello porque ya está siendo investigado por similares delitos por la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, quien incluso lo citó a indagatoria para el próximo 13 de diciembre. De haberse abierto jury se tendrían dos investigaciones paralelas por los mismos delitos».
El año pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a Fernández Garello como partícipe de la estructura de terrorismo de Estado de la última dictadura militar ya que fue oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), según documentos probatorios hallados en los archivos de esa dependencia policial y producidos por el propio Fernández Garello.
Para la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación Judicial Bonaerense, los denunciantes del fiscal, éste «no reúne las condiciones que la Constitución y las leyes exigen para ejercer su cargo».
«La participación en delitos de lesa humanidad por parte del Fiscal General Fabián Uriel Fernández Garello, puede corroborsarme mediante pruebas documentales», precisan en la acusación, elevada a la Secretaría de Enjuiciamiento.
La información de la DIPPBA involucra a Fernández Garello en la causa por torturas de las que fue víctima un militante del Partido Comunista en 1982 y en la detención ilegal de tres militantes de esa fuerza política el 23 de Julio de 1981.
Con el grado de oficial subinspector, Fernández Garello participó del operativo conjunto que consumó esos secuestros, coordinado por la DIPPBA con la Brigada de Investigaciones de San Martín y el Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con base en Campo de Mayo, y en otras diligencias posteriores.
«Fernández Garello fue parte de la estructura represiva como oficial de Inteligencia de la Dipba al menos entre los años 1978 y 1981 (…) El hecho de que una persona haya participado en delitos del terrorismo de Estado la convierte en no idónea para desempeñar el cargo de funcionario», afirman los denunciantes en su acusación.
