Al día siguiente de la multitudinaria marcha de repudio al fallo cortesano que benefició a los represores, el presidente Mauricio Macri ubicó por decreto –es decir, a dedo- al juez ultraconservador Carlos Alberto Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. El ex ministro de María Eugenia Vidal juró aquel 11 de mayo ante sus pares. No se acercaron amigos ni colegas, algo sumamente inusual. El flamante camarista recibió las llaves de su despacho el mismo día, cuando la atención aún estaba puesta en el accionar del Tribunal Superior.

¿A qué se debió tanto sigilo y velocidad en torno al nombramiento de Mahiques?

Una serie de irregularidades en torno a su traslado “definitivo” de la sala III de la Cámara Nacional de Casación porteña a la sala II de la máxima autoridad Penal del país –donde había una vacante que dejó Pedro David- tal vez arrojen luz al asunto.

Según los especialistas consultados por Tiempo, la designación forzada de Mahiques viola el artículo 99 de la Constitución Nacional. La Carta Magna, al enumerar las atribuciones del Poder Ejecutivo, especifica que los jueces de los tribunales federales serán nombrados por él “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado”. Este hombre del PRO con vínculos con el angelicismo no fue seleccionado mediante concurso, necesario para definir un cargo “definitivo”: no hubo terna ni acuerdo de la Cámara Alta.

En los concursos 194 y 281 para ingresar a la Casación Federal, Mahiques se anotó para competir por el cargo pero desistió de rendir, lo que abrió todo tipo de conjeturas entre sus colegas. En el primero, ingresaron Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar. El segundo está en trámite en el Consejo y no se resuelve.

El flamante camarista violó también una máxima que debe regir la conducta de todo magistrado al asumir, el 10 de diciembre de 2015, como ministro de Justicia bonaerense: no podía practicar el activismo político. Hace al principio de independencia de la Justicia. Por eso, para evitar un escándalo, renunció a su cargo en el gobierno de Cambiemos. Había accedido tras pedirse licencia en el Poder Judicial, una circunstancia irregular.

La licencia de Maiques –que era por 180 días – debía resolverla la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el Tribunal Supremo nunca trató el caso. Atento a la situación –y a un llamado telefónico-, a fines de mayo de 2016 (cuando se cumplía la licencia de seis meses), Mahiques dejó el ejecutivo provincial y volvió a la Justicia.

En lo que hace al Reglamento de Traslado de Jueces –citado en el decreto de Macri-, tampoco cumple con los requisitos para el traspaso definitivo.

El artículo 1 del reglamento indica que un magistrado puede solicitar su traslado si la vacante que requiere corresponde “a la misma jurisdicción” y tiene “la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa”. Esos requisitos no son exigidos cuando existe acuerdo del Senado.

En el caso de Mahiques no se respeta la jurisdicción: pasa de ser juez de la Ciudad a ser juez federal, es decir, con jurisdicción sobre todos los tribunales orales del país.

Tampoco se respeta la competencia. Una es común y la otra federal (incluye delitos de lesa humanidad, narcotráfico, lavado de activos, entre otros).

En el mismo artículo 1 se indica que el magistrado debe tener una antigüedad no menor a cuatro años en el cargo y Mahiques no superaba los 3 años en la Casación de la Ciudad.

Otro requisito que tampoco se cumplió fue la conformidad de la cámara de origen y la de destino para concretar el traslado. La Cámara de Casación Penal Federal antes de la jura, en una acordada extraordinaria, rechazó su incorporación. Con el decreto de Macri publicado en el Boletín Oficial, Mahiques juró ante la cámara. Dos de los camaristas cambiaron de postura. En desacuerdo con la designación “irregular” y en coherencia con su posición en la acordada, Alejando Slokar y Ana María Figueroa no se hicieron presentes. Tampoco estuvo Eduardo Riggi, de licencia.

Un ultraconservador PRO

Mahiques compartirá sala con Slokar y Ledesma, lo que preocupa a los organismos de DD HH. Ledesma en un incidente de excarcelación del represor Horacio Losito opinó que era aplicable el “2×1” en casos de lesa humanidad. Aquella posición no llegó a ser un escándalo como sucedió con el fallo de la Corte porque Slokar y David entonces votaron en contra de esa postura, por lo que fueron mayoría. El temor, ahora, es que Mahiques comparta la postura de Ledesma y la sala II se exprese a favor del beneficio que permite la excarcelación de los genocidas. No sería el primer antecedente en Casación: Gemignani y Riggi ya habilitaron ese cómputo al represor Antonio Vañek, en 2016.