La Cámara Federal de Casación tendrá en los próximos días la oportunidad de confirmar que las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan. El máximo tribunal penal debe resolver una serie de planteos de los imputados en la Causa Cuadernos, entre ellos la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido y, en ese contexto, la validez de las confesiones de los empresarios que optaron por ese mecanismo cuando chirriaban las puertas de rejas de la cárcel, con ellos del lado de adentro.
Hay cinco escenarios:
1 – Casación avala a los arrepentidos pese a la ausencia de grabaciones. En ese caso, el próximo paso será la Corte Suprema.
2 – Anula todos los acuerdos y vuelve el expediente a fojas cero. Ello significaría el virtual final de la causa. Y un golpe duro para los investigadores que, no obstante, siempre tendrán a mano el argumento de “la impunidad del kirchnerismo” para justificarse y expiar sus propios errores.
3 – Anula los acuerdos y ordena volver a tomar las confesiones, pero esta vez con grabaciones. Los abogados de los exfuncionarios imputados coinciden en calificar esa posibilidad como “un escándalo nacional”.
4 – Ordena convocar a los arrepentidos a ratificar los acuerdos. Los empresarios consiguieron en estos dos años mejorar sus situaciones: ya no están procesados por asociación ilícita y, en algunos casos, hasta podrían ser considerados víctimas. La propia Casación ordenó suspender las elevaciones a juicio oral para producir más prueba que demuestre qué fue lo que les pasó. ¿Por qué habrían de volver atrás?
5 – Devuelve el expediente a la Cámara cuestionando la falta de grabaciones. En ese caso habría juicio oral, con una avalancha de planteos de nulidad, tomando como referencia justamente el fallo de la Casación.
Varias de esas alternativas se complementan e incluso podrían ser simultáneas.
Ya quedó oficialmente establecido que los arrepentimientos no fueron grabados, ni filmados. ¿Son válidos en esas condiciones?, ¿de qué manera decidieron casi al unísono 24 imputados –la mayoría de ellos en prisión- confesar delitos?, ¿lo hicieron libremente o el hecho de abandonar esposados sus cómodas residencias y mudarse a una celda de dos por tres, con letrina y cama de cemento fue demasiado para ellos?
El fiscal instructor de la causa, Carlos Stornelli, (quien en el momento más caliente de la investigación hizo trascender entre los abogados de los arrepentidos que “la sortija no es para todos”) está convencido de que las grabaciones no son necesarias porque la ley no las exige. Con Stornelli coinciden el fiscal ante la Casación Raúl Plee y la fiscal que intervendrá en el juicio, Fabiana León.
El artículo 6 de la norma determina que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. ¿Un acta escrita y escaneada cumple con el espíritu de la ley? El arrepentimiento debe ser libre y voluntario. ¿Lo fue?
El 8 de agosto de 2018, el diario La Nación, con la firma del periodista Diego Cabot –origen de la investigación- publicó un artículo con el título “Cómo fue la negociación secreta para lograr los primeros arrepentidos”. Allí se afirma que “el juez y el fiscal presionaron a los imputados con la certeza de que permanecerían encarcelados, y así lograron la confesión”. Uno de los principales párrafos de la nota dice textualmente: “’Acá no sale nadie’, le dijo Stornelli al abogado de (el directivo de Isolux, Juan Carlos) De Goycoechea, Javier Landaburu. Mientras, el empresario estaba en el juzgado de Bonadio a la espera de ser indagado. En pocos minutos, Landaburu le trazó el panorama que venía. ‘No salís. Las opciones son dos: o te quedás a pelear el proceso detenido o subimos y hablamos con el fiscal. En todo caso, lo escuchamos’, dijo. El fantasma de Lázaro Báez , que está detenido en una cárcel común desde hace más de dos años, sobrevoló la conversación. ‘Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?’, desafió el abogado”. «