El fallo de la Corte que suspendió el tarifazo del gas provocó un cimbronazo en la Cámara de Diputados. En un primer momento, el oficialismo se llamó a silencio a la espera de la comunicación oficial del gobierno. Luego descargaron el análisis de la acordada, al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, quien fue el primero en realizar declaraciones. Aseguró que si bien no es de mi agrado ni todo lo justo que debería pero debemos cumplirlo.
El legislador macrista reconoció que el fallo le resultó incómodo en tanto que los jueces de la Corte no consideraron la vigencia de la ley de emergencia hasta diciembre del año que viene y redactaron una acordada como si se tratara de una situación de normalidad. Entiende que a partir de ahora hay que cumplir con la exigencia de las audiencias públicas y elaborar un nuevo cuadro tarifario. Tonelli habló con los periodistas acreditados luego de que fracasara la reunión de su comisión que debía continuar con el análisis de la reforma electoral que sigue postergándose y se amplía la cantidad de puntos negociables que ofrece el oficialismo para poder tener nuevo sistema de votación.
Más allá del pensamiento de Tonelli, en el bloque del PRO hay otros legisladores, incluso de mayor responsabilidad política, que consideran que si bien una primera lectura del fallo puede resultar negativa, lo cierto es que no hundió las pretensiones del gobierno de actualizar las tarifas. Hay que estudiar si el nuevo cuadro tarifario que surgirá tras las audiencias públicas, como exige la Corte, puede ser o no retroactivo, confió un importante diputado macrista. Incluso sostuvo que el oficialismo debe prever posibles iniciativas desde la oposición que avancen con la implementación de nuevos subsidios para industrias y pequeñas y medianas empresas ante la segura lluvia de amparos que ahora comenzarán a producirse. Hay que llenar ese vacío que dejó el fallo de la Corte y sería bueno que lo haga el gobierno nacional porque también lo puede hacer el Congreso, advirtió el diputado que integra la mesa de conducción del bloque de Cambiemos.
En tanto, en la oposición hay un sentimiento acotado de satisfacción porque por un lado, el fallo pospone el tarifazo domiciliario y, por el otro, no alcanza a las pymes e industrias con el impacto económico que ello implica. En principio está bien, dijo el presidente el bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, pero señaló que hay alguna oscuridad en cuanto al precio en boca de pozo. Por otra parte, insistió en que el ministro de Energía, Juan José Aranguren tiene un conflicto de intereses: siendo accionista de Shell, por una cuestión ética, no puede atender los dos lados del mostrador.
Por su parte, el referente del Bloque Justicialista, Diego Bossio dijo que el fallo de la Corte ha puesto racionalidad a un problema que el Gobierno ha generado y no ha sabido resolver. En coincidencia con sus ex compañeros, Bossio reconoció que la decisión de los cortesanos es un avance parcial porque no incluye un sector clave para el país: la producción y las pymes en general. En ese sentido consideró que es necesario otorgarle previsibilidad y certidumbre a la industria y los comercios porque «son quienes invierten y dan trabajo a los argentinos». En esa línea adelantó que su bloque insistirá con el proyecto que ya presentó y que tiene como ejes una readecuación tarifaria de carácter federal, gradualidad en la aplicación del cuadro tarifario que surja de las audiencias públicas y una bonificación del 30% en las facturas de los servicios de las pymes y de las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas.
Sergio Massa, el titular del Frente Renovador (FR), también se refirió al fallo. Afirmó sentirse apenado porque cuatro meses después de que le advirtiéramos al gobierno el problema que tenía por falta de legalidad el aumento, tuviéramos judicialización, incertidumbre, y nos encontráramos con la situación de que finalmente la Corte resolvió lo que nosotros veníamos diciendo que había que resolver. Massa señaló que el aumento futuro debe tener un alto grado de racionalidad porque no se puede aumentar a un precio que el ciudadano común no pueda pagar, porque los servicios públicos tienen concesionarios monopólicos.
