La Cámara Federal de Casación cerró definitivamente una causa contra la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, denunciada por presuntamente difundir información privada de un imputado en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero, mediante un espectacular operativo por las calles porteñas con profusa intervención de medios de comunicación.

La exministra fue denunciada por el empresario José Luis Guarnerio, en camino a juicio oral y público por presunta asociación ilícita para operaciones con divisa extranjera en tiempos del cepo, entre 2012 y 2016, mediante las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI).

Guarnerio denunció que en los allanamientos que se desarrollaron el 5 de junio de 2019 en el estacionamiento del edificio Madero Center, Bullrich impulsó que las fuerzas de seguridad, en ese caso la Gendarmería Nacional, se extralimitara en sus funciones montando y permitiendo una exhibición pública, para los medios de comunicación, sobre los automotores de alta gama y de colección secuestrados.

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El operativo fue transmitido en cadena espontánea por medios televisivos y profusamente difundido por portales de internet.  Al día siguiente, Bullrich ofreció una conferencia de prensa con detalles sobre el caso y “haciendo hincapié en las políticas públicas de recupero de activos de origen delictivo”.

En noviembre pasado, el exjuez Rodolfo Canicoba Corral desestimó la denuncia y le rechazó a Guarnerio la posibilidad de constituirse en querellante e impulsar la causa por su cuenta.

El empresario llegó hasta la máxima instancia penal con su pretensión de ser querellante, pero los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo refutaron que “las referencias efectuadas por el recurrente no logran conmover lo considerado por los jueces intervinientes en cuanto consideraron que el señor José Luis Guarnerio no reviste el carácter de particular ofendido de la hipótesis delictiva que plantea, y que, a partir de la descripción fáctica de las conductas que el pretenso querellante consideró perpetradas y cuya entidad delictiva fue terminantemente descartada”.

Guarnerio había argumentado que “el decisorio, en tanto le negó la posibilidad de constituirse como parte querellante cercena su derecho como víctima de acceder a la justicia al tiempo que se aparta de los lineamientos expuestos por la Corte Suprema” sobre los derechos de las víctimas.

En la causa en la que está procesado el empresario se investigan presuntas “maniobras que habrían sido llevadas a cabo por más de 50 sociedades, sus responsables y personas físicas, quienes se habrían beneficiado económicamente del giro de divisas al exterior a través de la simulación de importaciones bajo múltiples modalidades, sirviéndose para ello de manera indebida de la formulación y reiterada de DJAI” por un monto total de divisas giradas de alrededor de 300 millones de dólares.