El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires disolvió la fiscalía de Cámara especializada en Violencia de Género y la transformó en una especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito. A través de la misma resolución le asignó los casos de género a otra fiscalía.

La decisión plasmada en la resolución 438/2018, firmada el 30 de noviembre por el fiscal general adjunto del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco, desactiva el trabajo especializado en género de la fiscalía a cargo de Verónica Guagnino.

La resolución generó preocupación en distintas oficinas del Ministerio Público Fiscal porteño donde fue leída como un gesto negativo que afecta a una temática sensible y compleja para sumar recursos a la persecución de faltas, contravenciones y delitos menores. Desde el MPF sostuvieron que se trata de lo contrario y que la decisión estuvo basada en un caso en el que no se aplicó la perspectiva de género como se debía. 

El gobierno porteño justificó la medida en la inauguración, a partir de este jueves, del Centro de Justicia de la Mujer, que funcionará bajo la órbita del Consejo de la Magistratura. No obstante, en los fundamentos del cierre de la fiscalía de Cámara, no se menciona este hecho como el que dio origen a la medida dictada por Cevasco.

La resolución de 9 páginas a la que accedió Tiempo dispone que “la actual Fiscalía de Cámara Especializada en Violencia de Género, a cargo de la doctora Sandra Verónica Guagnino, cese en el ejercicio de esa competencia a partir del 1° de noviembre de 2018, salvo los casos en trámite por recurso de apelación en los que hubiera tomado intervención”.
El mismo documento ordena que esa fiscalía “pase a denominarse Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito”.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad intentaron bajarle el tono a la resolución al señalar que, de todas formas, otra fiscalía de Cámara intervendrá específicamente en casos donde haya elemento que puedan dar cuenta de que el caso en tratamiento involucra situaciones de violencia de género.
En concreto, tras desactivar la fiscalía especializada en Violencia de Género, Cevasco dispuso asignarle a la fiscalía de Cámara Oeste, a cargo de Sergio Martín Lapadú, “la competencia para entender en los casos de apelación y revisión de archivo en curso y futuros que tramiten con intervención de las fiscalías de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas especializadas en violencia de género, sin perjuicio de su actual competencia”.

El fiscal general adjunto de la Ciudad fundamentó su decisión en un caso en el que Guagnino, la fiscal especializada en Violencia de Género, no compartió criterio con el fiscal de primera instancia quien expuso su preocupación por las diferencias a sus superiores.
Se trató de un caso en el que un hombre fue condenado en primera instancia a un año de prisión de cumplimiento efectivo a raíz de una “incidencia de tránsito”, tras perseguir con su auto, encerrar y amenazar de muerte a dos mujeres a las que les había dicho que era policía.

Lo que generó las diferencias entre Guagnino y el fiscal de primera instancia fue que, al fundamentar el dictamen con el que pidió una disminución de la pena, la fiscal a cargo de la oficina especializada en Violencia de Género dijo que «varios aspectos (del hecho) no habían sido acreditados, como la condición de policía del imputado y su situación de revista, con lo cual no se puede sostener que hubo abuso de su estado policial”.

“En su dictamen verbal, la doctora Sandra Verónica Guagnino estimó que el caso no encuadraba en violencia de género, omitiendo considerar al respecto las características antes descriptas, es decir el aprovechamiento del condenado de la situación de ventaja, invocando ser policía, la hora del hecho y su posición de superioridad física, aspectos éstos valorados por el Fiscal de primera instancia en su fallo”, remarcó el fiscal general a cargo del Ministerio Público de la Ciudad en la resolución a la que accedió este medio.

Un dato llamativo vinculado a la resolución de ayer fue que la fiscalía de Cámara especializada en Violencia de Género obtuvo en diciembre pasado “la certificación ISO 9001 para los sistemas de gestión”, hecho que fue publicitado en el por el propio Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
“La certificación comprende desde la atención en mesa de entradas, incluida la emisión del dictamen final y la tarea de supervisión de las fiscalías asignadas conforme el reparto de tareas dispuesto desde la Fiscalía General”, según se informó. “La certificación comprende desde la atención en mesa de entradas, incluida la emisión del dictamen final y la tarea de supervisión de las fiscalías asignadas conforme el reparto de tareas dispuesto desde la Fiscalía General”, según se informó.