El banquero Jorge Brito pidió el sobreseimiento definitivo en la investigación por el fallido rescate de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Mediante un escrito presentado por su abogado, Mario Laporta, ante el juez federal Ariel Lijo, Brito aseveró que no tuvo nada que ver con la operatoria por la que finalmente resultó condenado, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou.

“Jorge Brito no financió a Ciccone Calcográfica ni a The Old Fund (la empresa a través de la cual se intentó la operación, ndr); ni las gerenció bajo ningún tipo de modalidad”, sostiene el pedido de sobreseimiento.

“La existencia de esta investigación impacta en una visible afectación reputacional en el ámbito de su actividad profesional. En el mundo bancario (y más particularmente en el caso del Banco Macro que cotiza en la bolsa de NY) el estatus reputacional se encuentra íntimamente ligado con la probabilidad de la responsabilidad penal. La existencia de un proceso que parte de la base de una imputación es, por ende, el principal hecho objetivo que enciende las alarmas de la mella reputacional. La persistencia de este proceso, entonces, equivale funcionalmente al carácter preventivo negativo de la pena y su extensión sin sentido impacta de modo directo en la reputación comercial de mi cliente, haciéndole perder derechos cuya permanencia depende del sostenimiento de su reputación pública”.

Brito había sido procesado por Lijo en 2018 por su presunta participación en la maniobra de rescate de la quebrada Ciccone. El juez federal conserva un remanente de la investigación que tiene entre los imputados también al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y la exdirectora de la Casa de la Moneda Katya Daura.

Aquel procesamiento se  basó casi esencialmente sobre el relato del “arrepentido” Alejandro Vandenbroele. El pedido de sobreseimiento de Brito apuntó directamente contra él. Y sobre el emprendimiento turístico que explota en la provincia de Mendoza, pagado por el gobierno de Cambiemos.

“Sin dejar de advertir que existe una investigación en trámite que tiene por objeto dilucidar si hubo falsedades en su versión (incluso si fueron incentivadas por funcionarios de la administración anterior), lo cierto es que en sus dichos hay varias mentiras e inconsistencias. Lo primero que se advierte es que prácticamente todas las cosas que dice no son datos que él haya percibido con sus sentidos (como debería ser un testigo) sino porque supuestamente se las habría dicho José María Núñez Carmona que, sabemos, en este expediente jamás lo aseveró”.

Brito enumeró una por una las supuestas falsedades que le atribuye a Vandenbroele y en cada caso apoyó con pruebas y contrastes testimoniales los puntos en los que –dijo– el arrepentido “mintió”.

En noviembre de 2019 la Cámara Federal desprocesó a Brito y le otorgó la “falta de mérito” porque consideró que no estaba probada la relación,  ni menos aún el supuesto aporte de capital,  a otro banquero, el difunto Juan Pedro Moneta, quien aparecía como el factótum de la operación.

La defensa del titular del Banco Macro le planteó al juez Lijo: “Urge una decisión definitiva sobre el cargo remanente que sobre él pesa y que, además, ya fue descartado. Hay dos cosas que pueden afirmarse a esta altura sin que haya una duda razonable al respecto: Jorge Brito no financió a Ciccone Calcográfica ni a The Old Fund; ni las gerenció bajo ningún tipo de modalidad”.

En ese sentido, recordó que la Cámara Federal –en un fallo suscripto por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun– “descartó los dos cargos: aporte económico y gerenciamiento remoto”.

La defensa de Brito citó el “completo peritaje contable llevado adelante por los expertos”, que concluyó que  “se pudo acreditar que los fondos provenían de Raúl Moneta pero no que Jorge Brito hubiera otorgado dinero ni para el levantamiento de la quiebra ni para financiar el giro posterior de Ciccone Calcográfica”.