En un gran fracaso de la estrategia conjunta que llevan los gobiernos de Chile y Argentina para perseguir a militantes mapuches a ambos lados de la frontera sufrió un duro golpe en el país trasandino.

Tras confirmarse su sobreseimiento, los activistas mapuches Jaime y Rodrigo Henchullán, arrestados el 23 de septiembre por actividades terroristas en el operativo policial conocido como Operación Huracán, presentaron una querella contra siete miembros de Carabineros que participaron en dicha operación por falsificación de instrumento público.

Esta demanda se produce en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía a Carabineros por supuesta manipulación de pruebas en la operación, que incluyen mensajes de texto en los celulares de los detenidos en los que se hablaba de tráfico de armas desde Argentina.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se basó en documentos de este operativo para acusar a los mapuches de terroristas y hacer crecer la idea de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En septiembre de 2017, el subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, le entregó a Bullrich una carpeta con la transcripción de conversaciones por WhatsApp entre los detenidos que se referían al inminente envío de armas a Chile desde nuestro país. Estos mensajes cuestionados por el Ministerio Público por tratarse de un montaje. La ministra usó esa prueba falsa para armar un supuesto vínculo entre la RAM y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La abogada de los hermanos Henchullán, Karina Riquelme, declaró que la querella tiene como objetivo “proteger los derechos de las víctimas ante la solicitud por parte de la defensa de los carabineros imputados que buscaba trasladar este litigio hacia la ciudad de Santiago”.

En una entrevista con el canal 24 horas, Riquelme añadió que “se acusó a personas de asociación ilícita terrorista. Un delito bastante grave y en el que hoy día nos encontramos en un enfrentamiento entre dos instituciones muy importantes. Una que tiene como fin perseguir los delitos y la otra que tiene como fin portar las pruebas de estos delitos”.

Otros detenidos en la Operación Huracán se sumarían a esta querella o iniciarían otras, como es el caso de Martín Curiche, cuya abogada Manuela Royo presentará una demanda civil contra el fisco “por la responsabilidad extracontractual que se ha generado en el caso de mi representado, él fue una víctima directa de la implantación de estos mensajes”, según sus palabras al diario Austral.

Por su parte Rodrigo Román, abogado del líder de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, también detenido en el operativo, en declaraciones a ADN Radio acusó directamente a la presidenta Michelle Bachelet de estar detrás de la manipulación de pruebas, al declarar que “este es el huracán Michelle».

«Las policías no se mandan solas, el subsecretario del interior no se manda solo”, dijo y añadió que todo es “un plan que viene desde las altas esferas del poder político para criminalizar al pueblo mapuche y de su legítima lucha de recuperación de tierras”.