Horas antes de que comience el juicio oral en el que está imputada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró en redes sociales que esta causa es “un acto de persecución” política y que ella no tenía directa relación con las obras públicas que se realizaron en Santa Cruz.

“En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, señaló la actual senadora.

 “Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías», sostuvo en alusión al fiscal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía por no presentarse a varias citaciones a declaración indagatoria en la causa D’Alessio, que investiga una asociación ilícita para armar causas judiciales.

La precandidata a vicepresidenta dijo que «la citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz».

«No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito», puntualizó.

Y sumó: «Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia».

La ex presidenta añadió: «Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», explicó.

Remarcó que «las «pruebas» por las que fue acusada «son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete».

«Como frutilla del postre, también utilizan la «declaración» del «arrepentido» coucheado (Leonardo) Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores», agregó la ex presidenta.

Y concluyó con que «los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio».

«Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo», finalizó la ex presidenta.