La ex presidenta Cristina Kirchner aceptó ser enviada a juicio oral en la causa por los cuadernos de la corrupción en la que está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo.

En un escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio, el abogado defensor de la actual senadora, Carlos Beraldi, consideró «imprescindible» que el caso llegue a juicio oral ante las «ilicitudes» de la investigación y para que lo ocurrido sea ventilado en esa instancia.

Beraldi remarcó que «en condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda».

«Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional», aseguró el abogado de la senadora.

«Frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia la próxima etapa procesal», señaló Beraldi.

La ex presidenta y precandidata a vicepresidenta está procesada con prisión preventiva, que no se ejecutó porque tiene fueros parlamentarios como senadora nacional.

Consideró que en un futuro juicio oral y público, las irregularidades denunciadas podrán ser «esclarecidas y oportunamente sancionadas».

El abogado subrayó que «no existe una sola prueba directa que demuestre que mi asistida hubiera recibido coimas», por lo que consideró que hay una «saga de ensañamientos» contra su defendida.

«Se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos», refirió entre sus críticas al juez Bonadio, instructor de la causa.

«La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno», apuntó.

«El juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de fórum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente», agregó.

Beraldi sostuvo que «decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido».

«Lógicamente, en un pícaro intento por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la clara disposición prevista en el art. 6 de la ley 27.304», adujo en referencia a la ley del Arrepentido.

Al criticar la instrumentación de esa ley, sostuvo que «como la mentira tiene patas cortas, quedó expuesto públicamente que las actas que documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel reflejo de las mismas».

«Terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada», afirmó.

Bonadio dio por cerrada de manera parcial la investigación y pidió opinión a las partes sobre el envío a sorteo de un Tribunal Oral.

La fiscalía pidió enviar a juicio a la ex mandataria, ex funcionarios procesados y empresarios. También lo hicieron los organismos querellantes y ahora es el turno de todas las defensas.

Algunos empresarios, como Aldo Roggio, ya presentaron escritos para oponerse a que el caso sea enviado por ahora a juicio. Una vez que tenga todas las opiniones el juez resolverá.