La declaración indagatoria que prestará la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo martes ante el juez federal Claudio Bonadio se ha convertido en una nueva movida de una partida de ajedrez que, desde el vamos, tiene en jaque a la dama. Cada movimiento presagia el próximo y, como todo en el Poder Judicial en los últimos tiempos, casi nada es lo que parece. Por caso, la exención de prisión que el juez le concedió a Florencia Kirchner, la hija de la exmandataria, no es definitiva. Bonadio está facultado para dejarla presa mañana, lunes. ¿Cómo puede suceder eso? El artículo 333 del Código Procesal Penal establece que «el auto de exención de prisión o de excarcelación será revocable de oficio o a petición del Ministerio fiscal. Deberá revocarse cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca al llamado del juez sin excusa bastante o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan su detención». ¿Quién decide que existen «nuevas circunstancias que exijan la detención»? El juez, en este caso Bonadio.

De todos modos, el juez no prevé la detención, ni de Florencia, ni de CFK. El encarcelamiento de la expresidenta es una decisión política antes que judicial. Dicho de otro modo: la exmandataria ya podría estar presa, de la misma manera que lo están Milagro Sala, Lázaro Báez o César Milani. Para que un imputado sea detenido deben existir «riesgos procesales», de fuga o entorpecimiento de la investigación. ¿Quién decide que existen esos «riesgos procesales»? Otra vez, el juez.

La declaración indagatoria que prestará la expresidenta el martes tendrá un eminente contenido político. Claro que contendrá respuestas jurídicas, pero observará el tono que ya anticipó CFK en las redes sociales: «La imputación calumniosa que ha sido construida resulta un verdadero disparate.» En rigor, los argumentos jurídicos de defensa ya fueron vertidos en la causa. Especialmente en el escrito que presentó el contador Víctor Alejandro Manzanares, quien trabaja con los Kirchner desde 1977 y, también, en la sociedad Los Sauces.

Esa empresa fue constituida en 2006. «Es una típica sociedad familiar, integrada en su inicio únicamente por el nombrado Néstor Carlos Kirchner en un 45% del capital accionario, Cristina Fernández en un 45% del mismo y Máximo Carlos Kirchner el 10% restante. Luego del fallecimiento del primero, en virtud del derecho sucesorio, su hija Florencia forma parte de la misma en su carácter de heredera forzosa», explicó el contador.

¿Qué se le imputa a la ex presidenta? Que Los Sauces fue creada para canalizar, bajo una apariencia de legalidad, los «retornos» de los sobreprecios en la concesión de obra pública durante sus dos gobiernos y el de su marido. La denuncia fue formulada por la diputada Margarita Stolbizer.

Uno de los rubros sospechados del retorno está vinculado con pagos de Austral Construcciones (la empresa de Báez) en 2015. El contador explicó en su escrito que esos pagos «se corresponden con alquileres adeudados por períodos anteriores, y que fueron regularizados al momento de la rescisión contractual. Sí, así de absurdo. El pago de los alquileres que, según se sospecha, era el ‘retorno’ por los contratos de obra pública, no fueron pagados durante casi un año, pese a que los inmuebles estaban efectivamente ocupados y el precio de los mismos era el de mercado».

¿Pero eso no se investiga en la «Causa Hotesur», donde CFK ya está procesada y embargada? Sí. ¿Pero no es que no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo delito? Sí.

¿Y entonces? Como dijera el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en referencia a la economía, «es la justicia, estúpido». «