El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional celebraron y respaldaron la decisión del Gobierno Nacional de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, del expresidente Mauricio Macri, que facilitaba la expulsión de migrantes y era fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El CELS consideró que la decisión implica «un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar».

«El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata», consideró el organismo en su cuenta de Twitter.

Además, para el CELS, el decreto derogado «significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004» y «formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes».

Amnistía Internacional también respaldó la determinación oficial, en virtud de que el decreto derogado «violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina», según difundió en un comunicado. En este sentido, la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques, señaló a la agencia oficial estatal Télam que «desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales», a raíz del polémico decreto macrista.

De esta manera, la nueva normativa establecida por el Gobierno Nacional restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70» y crea una «Comisión Asesora de Política Migratoria, que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871».

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó que «hoy es un día de celebración» porque «la política migratoria argentina vuelve a estar a la vanguardia y a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de los migrantes».

«El decreto derogado reformaba de manera inconstitucional la Ley de Migraciones y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en Argentina, organismos internacionales y en causas individuales y procesos judiciales colectivos», escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

La oposición y el intento de vuelta atrás

Desde Juntos por el Cambio y sus aliados, en tanto, expresaron una posición diametralmente opuesta, y adelantaron que intentarán restablecer el contenido del decreto macrista con sus espadas legislativas en la Cámara de Diputados.

En esta línea, el diputado nacional Luis Petri (UCR) anunció en un comunicado que junto a su par y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado, ya que «el Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos».

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, tuiteó que la medida «es incomprensible» porque «en lugar de pensar en la gente, derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes… el que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina».

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, al señalar en un tuit que «el Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. También el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró en su cuenta de Twitter que «el Gobierno sigue retrocediendo, y lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos».

Asimismo, el exsenador y actual integrante de la AGN, Miguel Pichetto, insistió en esa misma red social respecto a que «no hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales» y consideró que la medida del actual Gobierno «facilita el narcotráfico y las organizaciones delictivas”.