El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un pedido de informe al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich para saber qué tipo de armamento se usó durante el desalojo, si hay registros fílmicos, cuántos agentes intervinieron y si se tomaron recaudos médicos, durante el desalojo que llevó adelante la división Albatros de la prefectura, que devino en represión de la población y asesinato del joven Rafael Nahuel. Es la primera vez que una fuerza federal mata a una persona con balas de plomo desde la creación del ministerio de Seguridad en 2010, detalló Manuel Tufro del CELS. Se había instalado un estándar de que no sucedía, es una regresión bastante importante.
Si el ministerio toma el conflicto por la tierra como una amenaza terrorista, genera una escalada represiva de violencia, explicó el especialista. Toman un conflicto social como un problema de seguridad nacional, caracterizó Tufro, coordinador del Área de Violencia y Seguridad del CELS.
El CELS pidió saber qué protocolos usaron las fuerzas federales para intervenir en los desalojos. El cuestionario también pretende indagar para saber si la serie de decisiones y evaluaciones tomadas desde antes de los acontecimientos. Si bien la orden de desalojo a la comunidad mapuche de Mascardi la dio el juez Gustavo Villanueva. «Una cosa es ordenar un desalojo y otra es perseguir en las montañas a las personas que se escapan de ese desalojo. No sabemos si la actitud de las fuerzas de seguridad tiene que ver con el un cumplimiento del juez o con órdenes operativas del ministerio de Seguridad que exceden la orden judicial. Si es así, estaríamos ante un accionar ilegal por partes de las fuerzas de seguridad, sintentizó Tufro.
No teníamos registro de la intervención de un grupo de operaciones especiales en un conflicto social. Son grupos tácticos que no tienen manejo de situaciones, especificó. El problema es la caracterización de la situación. Para nosotros es un conflicto social y tienen que intervenir cuerpos preparados para tratar con mujeres y niños. Tiene que haber ciertas garantías, concluyó el coordinador del Área de Violencia y Seguridad del CELS.
