El juicio para ventilar las responsabilidades civiles y militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar en la planta de la empresa automotriz Ford de General Pacheco iba a empezar el 14 de marzo. Pero en sus últimas resoluciones antes de la feria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín suspendió el comienzo y ahora no tiene fecha firme de realización. Los jueces se escudaron en la superposición con el juicio por el Colegio Militar, que aún no termina, pero no repararon en un dato temporal que apremia: que los acusados son dos gerentes de 85 y 90 años y un militar de 94, y que en el camino murió a los 93 el otro imputado de la causa, el gerente de relaciones institucionales, Guillermo Gallarraga.

La resolución lleva la firma de la jueza Marta Isabel Milloc y el juez Diego Gustavo Barroetaveña y adjudica la determinación en “la prolongación” del debate por el Colegio Militar de San Martín, que tiene audiencias fijadas hasta por lo menos el 16 de marzo, y “las sucesivas exhortaciones de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal” para “priorizar, en los esfuerzos de agenda, la celebración del debate en procesos que registren personas privadas de su libertad”, dice el texto de 12 líneas fechado el 29 de diciembre en Olivos y que se conoció este martes.

La dilación no sorprendió a los querellantes por el ritmo que la realización de los debates tienen en ese Tribunal, que en los últimos dos años solo realizó dos juicios, de los 14 que acumula. Sin embargo, temen que el paso del tiempo juegue a favor de una suerte de impunidad biológica: una vez muertos los acusados se suspenden la acción penal y los crímenes quedan sin reparación.

“Los acusados son tipos que están por los 90 años. Son nonagenarios. Entonces, una vez que desaparezcan todos, desaparece la causa. Esa parece que es la idea”, dijo a Tiempo una de las víctimas, el extrabajador de la Ford, Carlos Propato. “Y nosotros también estamos desapareciendo”, agregó. Y recordó que Carlos Verei y otro trabajador, ambos con problemas graves de salud, adelantaron sus declaraciones para asegurarse que sus testimonios estén en el debate.

La causa Ford tiene como acusados al exgerente de Manufactura de la firma, Pedro Müller (85 años), al exjefe de Seguridad de la planta de la automotriz en General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla (90), y al exjefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros (94). Los tres están acusados por los secuestros y torturas cometidos contra 24 trabajadores de la empresa en la planta de General Pacheco.

Además de la participación civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad, el juicio permitirá ventilar otra característica de la represión a los trabajadores y delegados gremiales de la empresa automotriz: el funcionamiento de un centro clandestino de detención en el quincho que era lugar de esparcimiento de los empleados y que estaba ubicado dentro del predio fabril.

“Yo desaparecí el martes 13 de abril (de 1977) en la empresa. Me bajaron del área donde trabajaba como primer oficial de pintura y me dejan en la fábrica desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estuvimos en el quincho, donde nos torturaron, nos dieron una paliza terrible, submarino seco… A mí si un compañero Pedro Troiani, no le hacía un agujero en la bolsa que me pusieron en la cabeza, no estaríamos hablando. Después nos llevan a la comisaría de Tigre”, recordó Propato.

El juicio debía empezar el 27 de mayo del año pasado, pero el Tribunal postergó el comienzo hasta marzo y en esta nueva dilación, ni siquiera fijó nueva fecha. Pero el proceso penal comenzó hace más de una década, cuando en el año 2002 el fiscal Felix Crous radicó la denuncia luego de escuchar el testimonio del trabajador sobreviviente Pedro Troiani en el Juicio por la Verdad en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.