El fiscal Juan Pedro Zoni, quien investigaba las irregularidades en el frustrado acuerdo que había establecido el gobierno de Mauricio Macri con la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de su familia, para autoperdonarse el 98,5 por ciento de la deuda con el Estado, fue repuesto en el cargo por decisión de un juez en lo Contencioso Administrativo Federal.

Zoni se encaminaba a pedir la indagatoria de Macri cuando el procurador general interino, Eduardo Casal, lo apartó del cargo.

Hoy, el juez Enrique Alonso Regueira anuló aquella decisión del procurador, pues consideró que “no se encontraba facultado para revocar, por si, la Resolución” que había designado a Zoni al frente de la fiscalía que investigaba al ex jefe del Estado por su alternancia en los dos lados del mostrador y su decisión de favorecerse a sí mismo.

Casal, dice el fallo, “estaba obligado a iniciar una acción de lesividad”, es decir un procedimiento que permitiera dejar sin efecto, mediante justificación fundada, una decisión administrativa. No lo hizo; limpió a Zoni de un plumazo.

El fallo que repone a Zoni en la fiscalía aún no está firme y, por ende, difícilmente el fiscal pueda retomar en lo inmediato sus tareas al frente de la fiscalía federal número ocho, que hoy ocupa Eduardo Taiano, el mismo que tiene a su cargo, por ejemplo, la investigación por la muerte de Alberto Nisman y avaló la teoría del homicidio.

El fallo del juez Alonso Regueira aclara que la restitución de Zoni no es definitiva. “Es oportuno aclarar que el modo en que se resuelve no implica un pronunciamiento respecto a la validez o invalidez de la Resolución 2620/15, mediante la cual se dispuso el traslado del aquí actor, ya que dicha cuestión únicamente podrá ser revisada en sede judicial ante la eventual promoción de la aludida acción de lesividad”.

Pero el fallo descalifica los argumentos con los que Casal, mediante una resolución con su simple firma, quitó del medio al fiscal que estaba investigando un caso de presunta corrupción en la negociación por la deuda que la empresa Correo Argentino S.A. mantiene con el Estado desde hace más de dos décadas.

Cuando fue apartado de la investigación, Zoni y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, habían presentado ante el juez federal Ariel Lijo un pedido de medidas de prueba para establecer cuál fue el mecanismo que posibilitó el intento de acuerdo entre el Estado y la empresa, con Macri de uno y otro lado de la negociación.

Casal, según evocaron fuentes de la Procuración, se negaba a desplazar a Zoni, pero entonces ocurrió un hecho, seguramente casual: apareció en el Boletín Oficial la propuesta de Macri para que Inés Weinberg, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Capital y amiga personal del entonces presidente, fuera designada como procuradora general definitiva, en reemplazo de Casal.

Ese mismo día, Casal firmó la resolución que desplazó a Zoni de su cargo y lo envió a una fiscalía de instrucción penal ordinaria.

El acuerdo entre Macri y Macri voló por los aires cuando la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín lo denunció en el expediente de la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A. y trascendió públicamente.

Días atrás, otro juez del mismo fuero en lo Contencioso Administrativo Federal anuló el cierre de un sumario interno que había llevado adelante en 2018 la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, que determinó que “los hechos objeto de la investigación” sobre cómo se gestó aquel acuerdo ruinoso para el Estado Nacional “no constituían irregularidad administrativa imputable a agente alguno y determinó la inexistencia de perjuicio fiscal”.