El desplazado titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, el radical Mario Cimadevilla, denunció al titular de esa cartera, Germán Garavano, y a otros funcionarios por la posible comisión del delito de encubrimiento en el marco del juicio en el que se ventila el desvío intencional de la investigación del atentado.
Cimadevilla se sumó así a la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, quién había denunciado públicamente la maniobra y acusado a Garavano de interferir por su relación personal con los ex fiscales.
En la denuncia, el dirigente radical sostuvo que el ministro de Justicia y sus principales colaboradores pueden haber cometido delitos de acción pública al inducir a la Unidad AMIA a no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio en el que también se juzga al ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano, entre otros, por el supuesto encubrimiento del ataque terrorista ocurrido en 1994.
En el escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py, Cimadevilla aseguró que el equipo de abogados que integraba la Unidad AMIA al momento de los alegatos del Estado -a principios de febrero- tenía previsto pedir penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, pero que eso debió dejarse de lado por órdenes del ministro Garavano.
En su presentación, el dirigente radical, quien además es abogado, detalló que el equipo de letrados de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, conducida entonces por él, tenía previsto pedir condenas para los ex fiscales por la comisión de los delitos de «peculado, coacción y privación ilegal de la libertad».
El pedido de absolución de los ex fiscales «no respondía al criterio y parecer del equipo de abogados de la Unidad Especial de Investigación (UEI) del Atentado a la AMIA que, desde un comienzo, se encontraba dedicado al seguimiento del juicio y a la representación del Estado nacional en dicho proceso», sostuvo Cimadevilla en el escrito al que accedió Télam.
El ex titular de la UEI-AMIA sostuvo que la maniobra para pedir la absolución de Mullen y Barbaccia incluyó «el apartamiento del letrado designado para alegar (doctor Héctor Enrique Ventos) y su reemplazo por el doctor José Console, designado por el señor ministro de Justicia, doctor Germán Garavano, para alegar en representación de esa cartera ministerial».
Después del alegato de la querella del Ministerio de Justicia, Console fue apartado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que determinó que su participación en el juicio era incompatible con el cargo que desempeña en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Al final de la presentación, de 43 páginas, Cimadevilla sostuvo que la «extrema gravedad institucional de la situación planteada» le generó la obligación de ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales, «en orden a la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento».
El ex senador radical detalló que todos esos delitos pudieron haber sido cometidos por Garavano; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el ex jefe de Gabinete del Ministerio, Esteban Conte Grand; y el actual, Martín Casares; el abogado Console y otros 8 funcionarios del ministerio.
La presentación de Cimadevilla, que retoma las denuncias presentadas por otros actores del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA en el marco de las audiencias orales, recayó ante el juzgado federal de Julián Ercolini.
En el juicio por el encubriminero del atentado se ventilan dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia; y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.
