Germán Castelli, uno de los jueces que pidió a la Corte Suprema la ratificación en el cargo al que había sido trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri insistió hoy en que se contemple su situación como “definitiva” y se lo confirme como integrante del tribunal oral que tiene asignado el juicio por la Causa Cuadernos.
Mediante una nota enviada a los jueces de la Corte, Castelli recordó su trayectoria en tribunales orales, rememoró que integró el jurado que llevó adelante uno de los juicios por violaciones a los derechos humanos en la ESMA, recibió un reconocimiento explícito del Congreso por su actuación y, además, concursó y quedó bien candidateado a principios de la década pasada para ocupar un cargo en tribunales federales porteños.
Pero, además, Castelli advirtió a la Corte que no tendría ninguna posibilidad de revalidar su actual cargo en un nuevo concurso para juez del Tribunal Oral Federal 7, que resultó sorteado para la Causa Cuadernos con él como integrante. “Cualquier posibilidad material de aspirar a ganar el concurso se vería objetiva y lógicamente imposibilitada por el hecho de que los organismos que deberían examinar el desempeño y perfil del suscripto serían, nada más y nada menos, que aquellos que han sido seriamente cuestionados en las presentaciones realizadas”.
La demanda de Castelli, que perseguía su confirmación en ese tribunal, apunta justamente contra el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo, dos instituciones que constitucionalmente están llamadas a intervenir en el proceso de designación de los jueces. La Corte les dijo a los otros dos jueces con similar reclamo, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que pueden permanecer en sus cargos hasta que se cristalicen las nuevas designaciones de magistrados titulares, mediante un concurso en el que pueden participar como cualquier postulante.
Castelli recordó: “denuncié en la ONU al Consejo de la Magistratura por este caso”. En ese escenario, consideró: “aquellas manifestaciones de los ministros relativas a que los jueces trasladados no verán cercenada en ninguna forma su eventual participación en los concursos de los cargos que actualmente ocupan ni de otros que se convoquen se tornaría, en mi caso, en una mera ficción que, por ende, reflejaría una desigualdad inadmisible constitucionalmente”.
«Todo lo expuesto – añadió – habilita, a mi entender, a que el alto tribunal considere evaluar de manera excepcional y extraordinaria a definir la situación del suscripto como definitiva, como seguramente ocurrirá en otros casos, sin perjuicio de otros argumentos adicionales, en igual sentido, que pueda entender ese cuerpo”.
