Esta semana comenzó la etapa de alegatos en el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años que fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Este martes por la mañana tuvo lugar la exposición de la querella que pidió al Tribunal Oral Federal de General Roca que condene a prisión perpetua a los cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que están imputados.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) es querellante en la causa y estuvo presente junto a Adelqui del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa».
Los prefectos llegaron a esta instancia con distintas carátulas, por ejemplo, Sergio Cavia se encuentra acusado de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, los otros cuatro, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, están señalados como “partícipes necesarios” de ese delito.
Compromiso en la búsqueda de justicia
En la audiencia estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti: “Es nuestra obligación trabajar incansablemente para que los crímenes con estas características no queden impunes”, sostuvo, y agregó: “Tenemos que esclarecer lo que pasó, debemos desmantelar todas las complicidades existentes”.
Además, dijo que el Estado tiene que cumplir “con su responsabilidad y hacerse cargo cuando sus propias fuerzas de seguridad cometen crímenes”. El secretario también sostuvo que no lo tiene que hacer “solo porque se violaron los derechos de las víctimas y sus familiares, sino también porque el compromiso estatal significa dar un paso adelante para la no repetición de estos hechos de violencia institucional».
Los argumentos más fuertes para hablar de homicidio
“Nosotros hemos logrado probar a lo largo del debate que se trató de un homicidio y que no hubo un enfrentamiento entre los prefectos y la comunidad”, aseguró Mariano Przybylski, abogado querellante y director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con Tiempo. Señaló que lo ocurrido “fue una persecución, un desplazamiento ascendente en el cual los prefectos dispararon 151 disparos con armamento letal”.
“También pudimos demostrar que la comunidad mapuche no tenía arma de fuego, sino que sólo tiraron algunas piedras ante la brutal represión que estaban padeciendo”, remarcó el director nacional. Por lo cual, “para nosotros no fue un exceso en la legítima defensa, sino que los imputados cometieron un homicidio calificado”, completó.
También quedó al descubierto durante el juicio “que los cinco acusados tenían la intención de ir directamente a matar, porque sus propios jefes les habían ordenado que esperen a que lleguen los refuerzos con armamento no letal, ellos desobedecieron esa directiva y avanzaron con sus armas letales”. Przybylski advirtió: “Dispararon directamente a matar, es por todo esto que este martes en los alegatos pedimos prisión perpetua para los cinco imputados”.
Está previsto que los alegatos continúen este miércoles con las otras querellas y la próxima semana con los alegatos de la defensa de los acusados. La fecha de la sentencia no está formalmente estipulada, pero se estima que podría ser el próximo 29 de noviembre.
Cabe destacar, que la responsable política de este terrible hecho de violencia institucional fue la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich, quien fue absuelta en la causa por el homicidio de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) el pasado mes de julio, un mes antes de las PASO.
Sobre el caso Rafael Nahuel
El homicidio de Rafael Nahuel, de 22 años, ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cuando se desató una brutal represión. Los acusados del asesinato son los prefectos Sergio Cavia; Francisco Javier Pintos; Juan Ramón Obregón; Carlos Valentín Sosa y Sergio García, todos miembros del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.
Los prefectos cumplían con una orden del juez del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, que estaba reemplazando en ese momento a un colega suyo, y fue quien indicó que se asegure el perímetro del territorio en disputa entre la comunidad mapuche y Parques Nacionales, que había sido desalojado dos días antes y en el que fueron detenidas cinco mujeres mapuches que estaban en el terreno.
El magistrado manifestó que emitió orden de desalojo a partir de una denuncia de usurpación que recibió, la que fue realizada el 17 de noviembre de 2017 por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad Lafken Winkul Mapu en este sentido había anunciado a principios del mismo mes la recuperación de unas diez hectáreas de las 710 mil que tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi en esa parte de Villa Mascardi. Una semana después -el 25 de noviembre- se produjo el violento desalojo donde los prefectos dispararon 151 balas de plomo y asesinaron a Rafael Nahuel.
