El abogado que promovió la investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído a Gabriela Michetti la noche en que se convirtió en vicepresidenta presentará el próximo martes nueva documentación ante el juez federal Ariel Lijo. Leonardo Martínez le dará así una primera respuesta al fiscal Guillermo Marijuan, quien el viernes consideró que hay elementos suficientes para investigar un supuesto «delito de acción pública».

La nueva documentación es una investigación de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, publicado en el sitio de Internet Resistiendo con aguante. Repasa los aportantes y sostenedores económicos de la Fundación SUMA, que preside Michetti, y concluye que todos, por una u otra vía, son contratistas del Estado, porteño y nacional.

La lista es larga. Se conocía que estaba en ella el Grupo Farallón, uno de cuyos referentes es Eduardo Ramón Gutiérrez, el supuesto dueño de la casa de Tigre que presuntamente alquilaba el ex secretario de Obras Públicas José López. Otros nombres resuenan menos, como el estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benítez, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Y también Zona Verde, Prosegur, Riva SA, Grupo Rhuo, La Recova de Posadas, la Fundación Boca Social, el Grupo Girola, el Banco de Galicia, Grupo Petersen, Grupo ODS, Propymes, Banco Macro, Microsoft, País Soluciones, Louis Dreyfus Commodities, K7S Films, Hostería Alta Vista, Fontana Nicastro, Criba, Cabaña Tres Cruces, Bodega Argento, Banco Comafi y Valmani SA, entre otras.

El informe precisa que «fundaciones como SUMA deben ser fiscalizadas también por la UIF porque la Ley Anti Lavado concibe la posibilidad de que una fundación pueda ser utilizada para mover dinero en negro. Por ejemplo: un contratista del Estado podría recibir un contrato millonario inflado y hacerle el retorno a los funcionarios que facilitaron ese contrato a través de una fundación que ellos mismos manejen.» Por eso, exactamente por eso, hoy está preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez y repiquetean voces que reclaman que también quede detenida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los periodistas Escalada y Ronconi se anticiparon a algunas de las preguntas que sugirió el fiscal Marijuan al juez Lijo: «Formada el 15 de septiembre de 2009, la Fundación SUMA no ha presentado un sólo balance en la Inspección General de Justicia hasta la semana pasada fecha en que, ya investigada penalmente, decidió a legalizar la situación. Tampoco tuvo nunca empleados pese a que Michetti públicamente admitió pagarle a la directora y a dos personas que realizaban tareas full time. Curiosamente recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal, la fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora.»

El fiscal Marijuan se hizo eco, también, de la denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, y extendió la investigación a otras dos fundaciones: Crecer y Crecer, presidida por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, investigado por los Panamá Papers; y Formar, liderada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Sobre Crecer y Crecer, el dictamen del fiscal indica que «tampoco habría presentado en los años 2014 y 2015 la declaración jurada informando a la IGJ si cumple con los estándares en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Asimismo, esta fundación habría fugado al exterior en los últimos años sumas millonarias en dólares a través del mecanismo denominado ‘contado con liqui'». Sobre Formar, advierte que «desde su creación en 2010 esta entidad no habría presentado balances ni cumplido con la obligación de informar, al igual que las anteriores en materia de lavado de dinero. Se encontraría estrechamente ligada a un grupo de acción política del PRO denominado G25, integrado –entre otros- por el nombrado Dietrich, Esteban Bullrich y Felipe Miguel (jefe de Gabinete del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta).»