El Ministerio Público Fiscal pidió este viernes una pena de seis años de prisión para el ex jefe del Ejército César Milani, quien espera el veredicto en el juicio oral y público por la desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, el fiscal federal subrogante Pablo Camuña consideró a Milani autor penalmente responsable de los delitos de «encubrimiento» y «falsedad ideológica».
En tanto, para el otro acusado en este debate, el ex capitán Esteban Sanguinetti, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se lo condene a una pena de prisión perpetua como coautor del delito de «privación ilegítima de la libertad agravada» y en calidad de partícipe necesario del delito de «homicidio calificado».
De acuerdo con lo previsto, este viernes se daría a conocer la sentencia en este juicio oral, el segundo que afronta quien fuera jefe del Ejército en el último tramo de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, por los pasos que aún restan en el debate y en función de la extensión que tengan los alegatos que por la tarde expongan ambos defensores oficiales, el veredicto podría quedar postergado para una próxima audiencia.
El anterior juicio oral y público que afrontó Milani, que se desarrolló en La Rioja y que fue por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón durante la última dictadura militar, el ex jefe del Ejército fue absuelto y, así, pudo recuperar su libertad, lo que sucedió en agosto pasado.
En este proceso, Milani está acusado de haber falseado un acta sobre la presunta «deserción» y el encubrimiento de la desaparición de Ledo.
En tanto a Sanguinetti se le atribuye directamente la responsabilidad de la desaparición del soldado.
Las abogadas querellantes Viviana Reynoso y Adriana Mercado Luna fueron las primeras en exponer sus alegatos ante los jueces,
Las letradas solicitaron 6 años de prisión para Milani y prisión perpetua para Sanquinetti, del mismo modo en que hoy lo hizo el representante del Ministerio Público Fiscal.
La misma pena fue también solicitada por los abogados querellantes Pablo Garguilo y Pablos Oroz, representantes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
