El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó sin prisión preventiva a un prefecto acusado de acceder a bases de datos en busca de movimientos migratorios de funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se trata de Franco Leandro Pini, quien «al menos desde 2016 hasta fines del 2018, recopiló y distribuyó información personal y sensible referida a los movimientos migratorios de funcionarios públicos, personas vinculadas a ellos y de algunas de las víctimas/objetivos de la asociación ilícita investigada, que se nutrió de esa información para producir sus informes y llevar a cabo diversas operaciones ilegales».

Entre las víctimas estuvieron «funcionarios públicos conocidos y de altísima jerarquía, como el presidente de la Corte Suprema, el extitular de la Aduana o la vicegobernadora de Buenos Aires y por entonces intendenta de la Matanza (Verónica Magario) y no existía sobre ellos ninguna investigación judicial o autorización administrativa que le permitiera llevar adelante una investigación a su respecto», advirtió Ramos Padilla en el procesamiento.

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Pini, según registros de la propia Prefectura, es “integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte”. En junio, Ramos Padilla había ordenado un allanamiento a la oficina de Dirección de Protección Ciudadana La Boca de la Prefectura, donde reportaba.

Pini quedó procesado y embargado en un millón de pesos por el delito de «realización de acciones de inteligencia prohibidas» y «abuso de autoridad de funcionario público».

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Ramos Padilla no lo procesó por «asociación ilícita» porque consideró que no era parte activa de la organización que comandó el detenido falso abogado Marcelo D’Alessio y que, de hecho, no lo conocía.

«Los aportes de este imputado en particular consistieron en la provisión de datos sensibles de algunas de las víctimas–objetivos de ese dispositivo criminal que luego formaron parte de diversos informes de inteligencia producidos para ser presentados, en algunos casos ante la justicia o difundidos en la prensa», analizó el magistrado.

La «información restringida también fue utilizada especialmente por Marcelo D´Alessio para infundir temor en las víctimas en el marco del desarrollo de maniobras de espionaje directo sobre ellas con métodos extorsivos o coactivos», concluyó.

Pini accedía a la base de datos de Migraciones gracias a claves personales asignadas por su función.

Un informe de la Dirección de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Naval Argentina dio cuenta de que ninguno de los ingresos efectuados por el imputado a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones «fue autorizado por esa dependencia, o por cualquier otra autoridad competente».

«Tampoco respondía a una orden o causa que justificara una investigación sobre esas personas», concluyó el juez.

En la causa está detenido con prisión preventiva el falso abogado D’Alessio y están procesados los fiscales Juan Bidone, Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, entre otros.