El fiscal federal de Dolores le pidió a la Cámara Federal de Mar del Plata que le saque la “Causa D’Alessio” al juez federal Alejo Ramos Padilla y que se la envíe a los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Ciudad de Buenos Aires. El representante del Ministerio Público Juan Pablo Curi apeló el fallo de Ramos Padilla que reivindicó su “competencia” para investigar la presunta asociación ilícita sobre cuya existencia también coincide Curi. El fiscal dio por ciertas las conductas reprochadas a la organización criminal, pero en un extenso escrito al que tuvo acceso Tiempo indicó que la permanencia del expediente en Dolores implica la “inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón del territorio, lo cual trae aparejada la vulneración de garantías constitucionales, en particular el respeto por el debido proceso legal, como así también se menoscaba la garantía del juez natural”.
Curi se apuró a aclarar que “la actuación y planteos efectuados desde esta fiscalía carecen de cualquier interés de carácter subjetivo”. Descartó así las especulaciones que indican que pudo haber recibido indicaciones desde la Procuración General de la Nación para llevar la causa desde Dolores a la Capital Federal. Para el fiscal, la investigación se realizará de la misma manera si recayera en un juez de Comodoro Py: “Agravia el esquema de razonamiento utilizado por el juez (Ramos Padila) en cuanto a que será en esta jurisdicción en donde se asegurará la eficacia de la investigación y una mayor economía procesal».
Curi sostuvo la competencia por “territorialidad”, independientemente de reconocer que hubo hechos bajo investigación que ocurrieron fuera del territorio porteño. “Más allá que eventualmente algunos de los efectos de ciertas maniobras que han surgido con el avance de la pesquisa podrían haber tenido lugar fuera del ejido capitalino e, incluso, en ciertos supuestos algunas personas con las que (el falso abogado Marcelo) D’Alessio tenía contacto podrían estar vinculadas a organismos provinciales, lo cierto es que tales extremos no desvirtúan los argumentos brindados respecto a que en el caso, debe asignarse competencia a la justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires».
«Se trata –añadió- de sucesos aislados (…) al igual que lo ocurrido en Pinamar en enero de 2019 (la reunión de D’Alessio con el fiscal Carlos Stornelli para supuestamente definir el pago que debía efectuar el productor agropecuario Pedro Etchebest para evitar la causa por las fotocopias de los cuadernos) aparece como circunstancial que algunos de los actos con relevancia típica hayan ocurrido en esas localidades».
Además, el fiscal invocó otras dos razones para que Ramos Padilla se desprenda de la causa. Por un lado, “el lugar donde se encuentran los principales establecimientos encargados de velar por la defensa nacional y la seguridad interior de la Nación, como así también aquellos que eventualmente podrían haberse visto vulnerados (…) se encuentran radicados en Capital Federal”. Por el otro, la asociación ilícita no es un delito de Dolores sino de la Capital Federal: «Las características que revisten las maniobras que han surgido con el avance de la pesquisa no resultan propias de la criminalidad de esta jurisdicción y, por el contrario, sí guardan relación con patrones comunes de conductas que se desarrollan en el ejido capitalino”.
“La mayoría de las maniobras delictivas que se han advertido en autos y que se habrían originado en el seno de la asociación ilícita investigada tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Se han presentado varias personas alegando ser posibles víctimas de hechos cometidos presuntamente en el seno de la asociación ilícita pesquisada e, incluso, algunas de ellas se han constituido en parte querellante. No obstante, en ningún caso se determinó que esas personas residan y/o tengan su centro de actividades dentro de esta jurisdicción o que los sucesos que los habrían damnificado hayan acontecido en este ámbito”, reiteró el fiscal.
Además, refutó otro argumento de Ramos Padilla, quien señaló que de las 15 partes que hasta ahora tienen intervención en el expediente, sólo dos plantearon la incompetencia: el propio fiscal Curi y su colega porteño Carlos Stornelli, declarado rebelde después de faltar a cuatro llamados a prestar declaración indagatoria. “El juez no hizo más que una suma aritmética en relación a las posturas adoptadas por las partes intervinientes en el proceso para descalificar el criterio de este Ministerio Publico Fiscal. (…) Bajo ningún punto de vista podría admitirse que se adopte una decisión en función de lo que decida la mayoría».
La apelación ya fue concedida por el juez Ramos Padilla, de modo tal que pasará de inmediato a estudio de la Cámara Federal de Mar del Plata.
