Un drama irresuelto de la Argentina es su Poder Judicial. Los sondeos de opinión indican que más del 80 por ciento de los argentinos desconfían de la justicia. El pavoroso descrédito de la institución socava cualquier pretensión republicana, pero nobleza obliga: jueces y fiscales hacen méritos para mantener la reputación de la justicia en el subsuelo.
Esta semana la familia judicial fue pródiga en bochornos. Uno de ellos tiene como protagonistas al fuero federal y al jefe de los espías, Gustavo Arribas: el jueves pasado, en una declaración por teleconferencia ante dos fiscales, Leonardo Meirelles -el pagador confeso de las coimas de la constructora Odebrecht- afirmó que giró dinero por unos 800 mil dólares a cuentas suizas de Arribas. La declaración puede reabrir una causa incómoda para el presidente y su gobierno, que un juez y un fiscal de Cámara pretendieron cerrar con un sobreseimiento emitido tras un insólito trámite exprés.
Con la declaración en la mano, el fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Sergio Rodríguez, se presentó ante la Cámara Federal para pedir la reapertura de la investigación. La presentación fue aceptada en un fallo dividido: los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sostuvieron que Rodríguez estaba legitimado para apelar, mientras que Leopoldo Bruglia se opuso. La división se repite con frecuencia en esa cámara. Los históricos Freiler -que cursa un juicio político por presunto enriquecimiento ilícito- y Ballesteros suelen conciliar fallos que satisfacen a la audiencia K. Bruglia, nombrado hace cuatro meses propuesto por Cambiemos, suele fallar a tono con los deseos del gobierno. Total normalidad.
Tras el fallo que habilitó a Rodríguez, el expediente viaja ahora a la Cámara de Casación para que determine si la causa se reabre o no. Fuentes cercanas al tribunal sugieren que, frente a la contundente declaración de Meirelles, el tribunal no tiene margen para sostener la clausura que en marzo dispuso el juez Rodolfo Canicoba Corral. Hay que esperar y ver: los magistrados son expertos en acomodar las letras de las normas a gusto y necesidad.
El caso lleva carga venenosa para Mauricio Macri, quien cultiva una añeja y estrecha relación con el ex trader de futbolistas devenido en titular de la AFI. Una dependencia del gobierno, de hecho, emitió el informe que Canicoba consideró crucial para dictar el sobreseimiento. A poco de haberse difundido el escándalo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) envió un rápido dictamen al magistrado diciendo que, como el propio Arribas reconoció, el banco suizo recibió un giro por 70 mil dólares desde la cueva del doleiro, pero que no veía delito alguno. El detalle: el dictamen no se basó en una comunicación oficial remitida por la justicia suiza, sino por un parte de inteligencia presuntamente elaborado por la UIF.
Canicoba consideró que el informe era suficiente para sobreseer a Arribas, y desechó las medidas de pruebas requeridas por el fiscal, Federico Delgado. Entre las medidas requeridas estaba tomar testimonio de Meirelles. Como se ve con nitidez ahora, esa declaración era indispensable: permitía consultar detalles de la supuesta transferencia y, sobre todo, si existían documentos que permitieran sustentar la denuncia. Pero Canicoba lo denegó con un argumento que en público utilizó el propio Macri: en 2013, cuando se realizaron las transferencias, Arribas no era funcionario.
En su apelación, el fiscal Delgado admitió que, en efecto, Arribas no trabajaba para el Estado, pero su amigo sí, como jefe de Gobierno de la Ciudad. Y el primo de su amigo, Angelo Calcaterra, era socio de Odebrecht en la multimillonaria obra por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. No hubo caso: en marzo, a dos meses de su inicio, el expediente se clausuró con la ayuda del fiscal de Cámara, Germán Moldes, que no sostuvo la apelación de Delgado.
Para el público Moldes se hizo conocido cuando marchó bajo la lluvia pidiendo justicia por el malogrado fiscal Alberto Nisman. En ámbitos políticos, sin embargo, el fiscal es un viejo conocido. Con antecedentes juveniles ligados a la derecha peronista, Moldes se incorporó al gobierno de Carlos Menem en agosto de 1991, como subsecretario de coordinación interior. Unos meses más tarde, su jefe y promotor, el entonces ministro José Luis Manzano -hoy socio del multimedios América, entre otras lucrativas posesiones-, lo nombró Secretario de Población, donde protagonizó su primer escándalo por la entrega de documentos argentinos al traficante de armas sirio Monzer al Kassar.
El revuelo eyectó a Moldes del cargo, pero no del poder. El sucesor de Manzano, Carlos Corach, y el entonces jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, impulsaron su nombramiento como fiscal federal en 1995, donde se mantiene hasta hoy.
Ante la posible reapertura del expediente, el abogado de Arribas, Alejandro Pérez Chada, salió a decir que Meirelles miente. La defensa, ahora, se reduce a eso: en la misma declaración que subió de seis a diez las posibles transferencias, el doleiro aclaró que su única tarea era pagar coimas. El problema es que Arribas ya reconoció que recibió un pago de esa cueva por 70 mil dólares. La sospecha, ahora, no se reduce a si los dólares fueron 70, 600 o 800 mil. La duda es de dónde, y en concepto de qué, Arribas recibió dinero de Meirelles.
En su declaración anterior el jefe de la AFI dijo, primero, que recibió los 70 mil dólares por la venta de una propiedad en Brasil. Luego aclaró que fue por la venta de muebles. Delgado ya pidió a la justicia de Brasil que remita los extractos que Meirelles dice poseer como prueba de las transferencias. Pero primero, Casación deberá decidir si reabre una caja de Pandora que Arribas -y el gobierno- creían cerrada.
