Sorprendido por la publicación del diario La Nación de la víspera, en la que se anunciaba una supuesta «negociación» entre el empresario Lázaro Báez y un interlocutor no muy identificado para obtener su prisión domiciliaria a cambio de «información», el juez federal Sebastián Casanello le envió un oficio al Ministerio de Justicia para que le informe si tal versión es cierta.
El artículo habla de tratativas para que Báez aporte información en un carácter de «arrepentido» a cambio de salir de la cárcel y quedar detenido pero en Santa Cruz, en una de sus propiedades y cerca de su familia y amigos.
Báez lleva más de un año detenido, la salud de su madre está muy deteriorada y la suya propia también atraviesa momentos de complicaciones.
Ya existieron en el pasado varios intentos subterfugiados de quebrar su voluntad y hacerlo declarar aun cuando por su calidad de procesado no está obligado a decir la verdad.
Algo similar ocurrió con el financista Leonardo Fariña: después de dos años preso, brindó una declaración en la que supuestamente involucró a Báez y al ex matrimonio presidencial entre Néstor y Cristina Kirchner, y poco después salió de la cárcel. Allegados a Báez y al fiscal Guillermo Marijuan (ante quien deberían realizarse esas supuestas tratativas) negaron que haya una negociación en marcha.
Ante ese escenario, la única alternativa posible es que la negociación se esté efectuando por canales irregulares a través del Ministerio de Justicia. Casanello recordó en el oficio que la ley que beneficia a los imputados que ayuden al esclarecimiento de una causa judicial establece que «el acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación».
«El Poder Ejecutivo no interviene en modo alguno en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración, a excepción de las cuestiones vinculadas a la necesidad de garantizar la seguridad». Hasta ahora, no ha recibido respuesta.
