El juez federal Sebastián Casanello planea autodenunciarse ante la propia justicia para que se determine si existió o no la reunión en la Quinta de Olivos que el empresario Lázaro Báez describió el viernes ante la Cámara Federal porteña. Casanello asegura que esa reunión jamás existió. Más aún: el viernes dijo, en la puerta de su despacho: «No conozco la Quinta de Olivos».
La decisión que el juez madura apunta a impulsar una investigación profunda y exhaustiva que descarte ese supuesto contacto con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero Casanello no denunciará a Báez por su afirmación (que considera falsa) pues ello introduciría en la causa una suposición de animosidad hacia el imputado que daría margen para una recusación por una «causal sobreviniente». La estrategia no es novedosa. En los tribunales federales de Comodoro Py se recuerda todavía la presencia de Sergio Schoklender en la puerta del despacho del juez Norberto Oyarbide denunciando a los gritos supuestas conductas delictivas, incluso pedofilia, cuando el ahora ex juez bailarín tenía a su cargo la investigación por la defraudación en la misión Sueños Compartidos.
Casanello prepara un voluminoso pedido de medidas de prueba, que incluye la declaración de todos los mozos que trabajaban en la residencia presidencial en septiembre de 2015, cuando según Báez se realizó la reunión. La testimonial del diputado Eduardo «Wado» De Pedro, quien ya desmintió la existencia de aquel encuentro. Pero además, Casanello propondrá que se analicen todos los libros de ingresos y egresos de la Quinta, no sólo en septiembre sino en los meses anteriores y posteriores, las cámaras de seguridad y también las activaciones de antenas de telefonía móvil. Hay un dato poco conocido: parte de la familia de Casanello vive en Olivos. «Quiero terminar con esto de una buena vez», dijo el juez en la intimidad de su despacho.
Después de la caótica conferencia de prensa en la que tanto él cuanto el fiscal Guillermo Marijuan anunciaron el hallazgo de cuentas en Suiza de los hijos de Báez, la situación en el juzgado llegó a un punto de máxima tensión. Marijuan declaró que este hecho está «prácticamente esclarecido». Y el juez habló de la «alegría» que les había causado el hallazgo de los datos que parecen completar lo que denominó «un rompecabezas muy complejo».
¿La investigación se cerrará en la familia Báez o llegará hasta Cristina Fernández de Kirchner?
Hasta ahora no parece ser esta la causa que conducirá al objetivo político de poner presa a la ex presidenta. De hecho, Casanello dijo en la rueda de prensa del viernes que en la documentación aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) no hay elementos que involucren a la ex jefa del Estado. Y la UIF es un organismo político. Depende, por ahora, del Ministerio de Justicia.
La Cámara Federal debe resolver un planteo de recusación que formuló uno de los hijos de Lázaro Báez, Leandro, contra Casanello. Debió haberlo hecho ya, pero en el medio de los plazos procesales surgieron: las acusaciones de supuestas coimas que habría cobrado el juez, un audio de Báez desde la cárcel, un manuscrito del propio empresario no avalado por sus abogados hablando de la supuesta reunión en Olivos y dos comparencias personales ante los camaristas. El tiempo, pensado por una parte de la defensa de los Báez como un factor que debía jugar a favor del apartamiento del juez, terminó perjudicando esos intereses, porque permitió la irrupción en el expediente de las cuentas de los hijos del empresario. Los camaristas tienen ahora una razón de peso para pensar que Leandro Báez recusó a Casanello cuando formalmente no estaba aún imputado, previendo que podría surgir información que lo complicara. «
N.E.
Los allanamientos a las casas de De Vido «resultaron negativos»
Los abogados del diputado aclararon que la medida buscaba relevar lugares para atesorar dinero en efectivo. Críticas a los procedimientos.
Los allanamientos realizados el viernes sobre dos propiedades del ex ministro Julio De Vido buscaban «relevar la existencia de lugares que pudieran servir de depósito de dinero en efectivo», pero el resultado fue negativo, «comprobándose concretamente que no existían en ninguna de las propiedades». Así lo reveló la defensa de De Vido, que además denunció que los procedimientos constituyen «un precedente inédito en la historia institucional de la Argentina, ya que es la primera vez que un juez ejecuta el allanamiento de un legislador sin haberlo ordenado previamente y como consecuencia de una ‘autorización’ de la Cámara que no fue solicitada». Mediante un comunicado, los abogados Julio Virgolini y Adrián Maloneay desvincularon los allanamientos del propio De Vido. «La orden de allanamiento dictada originalmente el pasado 29 de abril sobre siete inmuebles, incluyendo su domicilio de Avenida Libertador, buscaba obtener documentación sobre la firma Uni Vite Argentina S.A., sus bienes y su titular; y no sobre De Vido ni su domicilio particular. Incluso el Juez mismo reitera que estos allanamientos tienen ‘como objeto proceder al secuestro de los libros societarios y contables de la firma Uni Vite Argentina S.A.’, y todo documento vinculado al inmueble que no fue ni es propiedad de De Vido.»
El documento hace hincapié en la forma en que se enhebraron los procedimientos. «El Juez dispuso el allanamiento de dos inmuebles en los que se domicilia De Vido, luego de que la Cámara de Diputados resolviera una ‘autorización’ que no había sido solicitada.»
Los defensores aclararon que Rodríguez había iniciado una serie de allanamientos en abril, que incluían el departamento en el que vive De Vido. Y fue el propio Rodríguez quien «dejó sin efecto ese procedimiento al no cumplir la medida con los requisitos legales correspondientes, y no porque el Diputado se haya amparado en sus fueros para evitarlo». «
