El juez federal Sebastián Casanello desmintió estar protegiendo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de activos en la que está preso el empresario Lázaro Báez. En todo caso, si ello fuera así, la acusación en su contra sería incompleta, porque en similar situación se encuentra el empresario macrista Angelo Calcaterra. Y sobre él no existe ningún reclamo o sospecha de protección.
Casanello fue acusado de no haber investigado los presuntos sobreprecios en la adjudicación de obra pública con que se habría beneficiado Lázaro Báez y, por propiedad transitiva, la ex presidenta. Pero en los argumentos del rechazo a la recusación planteada en su contra por Martín Baez, Casanello recordó que esos hechos los investiga otro juez, Julián Ercolini, y hasta el propio fiscal federal Guillermo Marijuan aprobó y consintió que ello sea así. «Por si alguna duda cabe sobre esta materia, hay que poner de relieve aquí el pedido de declaración de incompetencia realizado por el Fiscal respecto de la denuncia que efectuara recientemente un grupo de diputados para que se investigue a la empresa IECSA y a su dueño, Ángel Calcaterra, en relación con la adjudicación de obra pública», desafió Casanello.
Y citó textualmente un dictamen de Marijuan sobre Calcaterra: «de las circunstancias narradas se desprende que los hechos allí mencionados y que son expuestos por los denunciantes, difieren claramente del objeto de investigación de estos actuados lavado de activos-, refiriéndose a la eventual participación de la firma IECSA en obras públicas adjudicadas a la firma Austral Construcciones S.A. y, en consecuencia, a la participación de esta firma y sus responsables, en las maniobras relacionadas con la posible adjudicación de obras irregular e ilícita y a un eventual sobreprecio de la contratación pública». Un simple silogismo invita a inferir que si Lázaro Báez era testaferro de Cristina Fernández, su socio Calcaterra también pudo serlo. Parece absurdo, pero subyace en los escritos y dictámenes que atraviesan el expediente.
Marijuan consideró que Casanello no debe investigar a Calcaterra y, de hecho, le pidió que se declarara incompetente en la denuncia que formularon los diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio, María Teresa García y Carlos Kunkel.
Casanello proveyó todas las medidas de prueba que pidió Marijuan. El fiscal federal, todavía, no pidió la indagatoria de la ex jefa del Estado. Menos aún. Marijuan se convirtió en un inesperado defensor de la tarea de Casanello. «Más allá de llamarme poderosamente la atención que en distintos artículos periodísticos, que incluso son acompañados por la defensa, ya se hacía referencia a la posibilidad de hacer esta presentación e inclusive a sus fundamentos, lo cierto es que jamás he percibido que el sumario tenga o haya tenido un ‘techo’ y que el mismo se limite al Sr. Lázaro Báez y/o su familia, sin avanzar sobre otras personas que hayan detentado los más importantes cargos dentro del poder ejecutivo».
Las denuncias contra Casanello tuvieron amplia difusión y repercusión. Su respuesta, hasta ahora, había pasado inadvertida. Casanello prefirió responder en el ring judicial los mandobles con aspiraciones de nocaut que recibió en ese mismo escenario pero también en la arena mediática.
Acechado por denuncias concretadas o insinuadas- sobre supuestas visitas, contactos y llamadas a la ex presidenta, el juez optó por el silencio público. Pero escribió lo que siente y piensa en las ocho páginas en las que rechazó la recusación que le planteó el hijo menor de Lázaro Báez, Leandro, a través de sus abogados, Santiago Viola y Claudia Balbín, quienes denunciaron que «existe en los hechos un claro direccionamiento del proceso hacia la familia Báez y una clara intencionalidad de desligar a los funcionarios públicos y, puntualmente, a todos aquellos que formaban parte de la Administración de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner». Respondió el juez: «Ello tampoco es cierto. En primer lugar, como deben saber los abogados, quien delimita el objeto procesal es el fiscal y no el juez. Por otro lado, luego de la declaración de Leonardo Fariña de fecha 8 de abril, Marijuan inmediatamente imputó a Cristina Fernández de Kirchner y a Julio De Vido. El juzgado realizó todas las medidas de prueba propuestas por el Fiscal en ese requerimiento.»
El hijo de Báez se quejó porque «nada se hizo con el descargo de Fariña», pero según recordó el juez, su propio padre «dijo todo lo contrario a la hora de reclamar al tribunal que realice prueba por él propuesta». En ese contexto, reclamó paridad de armas: «Solicito que en iguales términos de actuación a los verificados respecto de las fantasiosas afirmaciones del imputado Fariña se ordenen en forma inmediata las medidas de prueba propuestas como evacuación de citas en mi anterior declaración indagatoria. Para Lázaro Báez, se le prestó exagerada atención a la declaración de Fariña; para su hijo Leandro, no se le prestó ninguna.
Las sospechas del magistrado, los rumores periodísticos
El juez federal Sebastián Casanello parece sospechar de una articulación jurídico-mediática para sacarlo de la causa. En los fundamentos del rechazo de su recusación calificó de absolutamente falsas las informaciones periodísticas escritas por el editorialista de La Nación y el canal de cable TN, Carlos Pagni. Y proclamó: «Comprendo ahora que esos malintencionados rumores eran una premisa necesaria para realizar un planteo de recusación sobre una base inexistente. La estrategia de los abogados de Leandro Báez se sincera en el último párrafo del escrito, donde remarcan que el juez o tribunal además de ser imparcial, debe ofrecer objetivamente dicha imagen frente a la opinión pública. Queda claro para mí que el intento de deslegitimación mediática era una pata necesaria para preparar el terreno de esta maliciosa e infundada recusación».
