La Cámara Federal de Casación Penal revisará la decisión de conceder la prisión domiciliaria al casi nonagenario represor Miguel Etchecolatz. Pero ni la Secretaría de Derechos Humanos ni los familiares de las víctimas de Etchecolatz tendrán derecho a opinar.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata, al conceder limitadamente (sólo para la fiscalía) el recurso de apelación contra la decisión de ese mismo tribunal, en agosto pasado, de enviar a Etchecolatz a su casa. El ex jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps durante la dictadura tiene media docena de condenas sobre sus espaldas. Pese a sus 87 años, su salud no le impedía permanecer en una cárcel común, en la que –por cierto- «las condiciones de detención son considerablemente mejores que las de la gran mayoría de los presos que pueblan las cárceles del país», según un informe que consta en el expediente. Pero Etchecolatz decidió voluntariamente iniciar una huelga de hambre, y su salud desmejoró. «Cursa un cuadro de deterioro físico importante dada la huelga de hambre que está realizando, lo que motiva la necesidad de su internación en hospital de extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio.»

Inmediatamente después, el tribunal –integrado por los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris, más la oposición de Roberto Lemos Arias- le concedió la prisión domiciliaria. Sin embargo, aclaró: “La situación de huelga de hambre y las presuntas irregularidades que se habrían remitido al respecto, no tuvieron incidencia alguna en la resolución del Tribunal”. Una cosa no tuvo que ver con la otra. Ese animal con pico de pato, patas de pato, plumas de pato y sonido de “cua-cua” es un cocodrilo.

Etchecolatz gozaba del beneficio en 2006, pero en aquella oportunidad “se encontraron armas en perfecto funcionamiento, guardadas en el chalet donde cumplía arresto domiciliario”. El 18 de setiembre de 2006 desapareció Jorge Julio López.

La prisión domiciliaria todavía no se hizo efectiva, pues el juez federal Ernesto Kreplak lo mantiene en Marcos Paz por otro expediente, pero esa situación difícilmente se prolongue en el tiempo.

El gobierno anunció que apelaría la decisión y, efectivamente, lo hizo. Pablo Enrique Barbuto, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó que se revocara la prisión domiciliaria. También lo hicieron organismos defensores de los Derechos Humanos, entre ellos la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos, cuya presidenta, María Isabel Chorobik “Chicha” Mariani sospecha que Etchecolatz le robó a su nieta.

Pero el fallo les negó a ambos el derecho a apelar, es decir a opinar si está bien o no que Etchecolatz cumpla la condena en su casa. “La situación del nombrado, en cuanto a la privación de libertad que reviste, escapa a su órbita de actuación dado que, conforme la ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad, todas las cuestiones atinentes a su implementación corresponden a la autoridad judicial, por lo tanto la concesión o no de esa modalidad no resulta de su incumbencia”. Dicho de otro modo: la modalidad de ejecución de la prisión la deciden los jueces, con intervención de los fiscales. Las víctimas no cuentan.

El criterio es aplicable a todos los casos, aunque un ladrón con beneficios genere una ola de indignación infinitamente superior a la de un torturador en su casa. «