Dos días después de una plaza de Mayo repleta de gente que rechazó la impunidad que propone la Corte Suprema de Justicia con su fallo del 2×1 a represores, la diputada Elisa Carrió defendió a los tres jueces del máximo tribunal que dictaron esa resolución y redobló la apuesta: reclamó prisión domiciliaria para los represores mayores de 75 años y que se juzgue el accionar de las organizaciones armadas.

«Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad», sostuvo en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

En ese sentido, respaldó a su principal aliado en la Corte, Horacio Rosatti: «Lo que dice Rosatti es cierto, yo tengo un dilema moral. En todo caso remite a una discusión de teoría general del derecho”, señaló y agregó: «Yo quiero jueces que se atengan a la ley y la Constitución. No quiero jueces que se arroguen facultades”.

La diputada aprovechó la ocasión para cargar contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con quien mantiene un enfrentamiento público. «Quién fija la agenda de los puntos que van a ser tratados por la Corte. El presidente de la Corte. ¿Para qué lo hizo? Porque él sabe que estos jueces van a aplicar la ley, no van a inventar la ley, y van a caer enredados en la estrategia del presidente de la Corte que fijaba la agenda”, opinó.

Sobre las domiciliarias a represores, Carrió manifestó que está de acuerdo “con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria, hayan cometido delitos de lesa humanidad o no.», y agregó: «No creo que responda al derecho humanitario que gente de ochenta años esté detenida en cárceles comunes».

La prisión domiciliaria está regulada por la ley 24.660, donde establece que el juez puede decidir el beneficio a los mayores de 70 años, sin embargo no es el único requisito que toman en cuenta los magistrados para otorgarla, sino también la peligrosidad, el riesgo de fuga y el estado de salud, entre otros aspectos.

Por último, Carrió volvió a proponer el juzgamiento del accionar de las organizaciones armadas. «Hay que resolver otro tema, el derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de la guerrilla”, señaló.