La fiscalía y los querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°1 de San Martín que unifique seis causas que permitirían juzgar en un único el plazo de un mes y medio, a 10 represores detenidos con preventiva pero que aún no recibieron ninguna condena. El pedido intenta acelerar el juzgamiento en un tribunal que tiene un promedio de un juicio al año y apunta a evitar la impunidad biológica, es decir, que los represores mueran sin condena.

El reclamo fue realizado por el fiscal general Marcelo García Berro en una audiencia realizada ante el Tribunal y contó con el respaldado de Alan Iud y Carolina Vilella, de Abuelas de Plaza de Mayo, Sebastian Blanchard del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Ciro Anniquiarico y Maximiliano Chichizola, de las Secretarías de DDHH de Nación y Provincia y Pablo Llonto en representación de querellantes particulares.

El pedido alcanza a diez acusados de seis causas diferentes: Francisco Rolando Agostino; Luis Del Valle Arce; el ex jefe de logística de Campo de Mayo, Benito Ángel Rubén Omaecheverria; Carlos Francisco Villanova, torturador conocido como Gordo 1; Carlos Javier Tamini; Bernardo Caballero; Roberto Julio Fusco; Miguel Ángel Conde; y Roberto Félix Fader.

En su pedido, García Berro solicita fijar fecha de juicio y “priorizar el juzgamiento de causas en las que aún no se ha celebrado audiencia de debate y someter a juicio a aquellos imputados que sufren prisión preventiva en esas causas y, a la vez, no se encuentran cumpliendo condena impuesta por ese Tribunal”.

Las seis causas reúnen cerca de 90 víctimas, entre ellos casos emblemáticos como el del chico Floreal Avellaneda o los dirigentes del ERP Ana Lanzillotto y Domingo Mena, cuyos casos ya fueron investigados en otros juicios en los que se condenó a represores por esos crímenes.

Fuentes de las querella explicaron que la celeridad es posible porque en juicios anteriores ya fue probada la materialidad de los hechos, esto es, que ya se comprobaron los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas esas personas. Por lo tanto, al Tribunal solo le restaría probar la participación de esos 10 acusados en esos hechos.

“Es un juicio que no debería llevas más de un mes y medio y se podría realizar este año antes de que comience el juicio por la Ford”, detalló un abogado de la querella. El debate oral y público por los crímenes contra 24 trabajadores de la empresa automotriz tiene fecha de inicio para el 28 de noviembre próximo.

Los abogados querellantes enviaron, además, notas al Consejo de la Magistratura, la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia para ponerlos en conocimiento de la situación del juzgado que acumula 19 causas en condiciones de ser sometidas a debate oral, en las que se ventilarán sucesos en los que resultan damnificadas más de 800 víctimas.

En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo difundió el pedido del fiscal que acompañaron las querellas y aclaró que lo que se busca es «conseguir un debate breve que pueda resolverse en el transcurso de este año y se evita que los testigos tengan que volver a declarar».

«Esperamos que el Tribunal se expida rápidamente ante este requerimiento a los fines de acelerar las causas y lograr justicia para las víctimas, que ya llevan más de 40 años de lucha», finalizaron.