Des-economizar la campaña. La misión de los candidatos del gobierno es evitar que el desastre económico domine la agenda proselitista. En reemplazo propone placebos de alto impacto, como el Servicio Voluntario Cívico en Valores, que esta semana pobló de humo el debate político.

La iniciativa, que salió por decreto y se autoadjudica la ministra Patricia Bullrich, es una copia casi exacta de un programa lanzado en Francia por Emmanuel Macron. El 19 de junio pasado, el presidente galo puso en marcha un plan que agrupa a adolescentes de 16 años en cuarteles para impartirles «valores republicanos» y «el gusto por el compromiso». Macron lo bautizó «Servicio Nacional Universal». El gobierno de Mauricio Macri le plagió hasta el nombre.

Todo indica que la versión local del programa se perderá en el olvido, como suele ocurrir con los artificios que el gobierno argentino lanza para entretener a la prensa y distraer a los electores. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la fábrica oficial de caramelos de madera opera a todo vapor. Algunos de próxima aparición:

-Penas por cortar calles y rutas: la punibilidad de la protesta social está prescripta en el proyecto de Código Penal que se discute en el Senado. Los tiempos de ese debate exceden el calendario electoral, de modo que el gobierno se propone fragmentar la discusión para inseminar la «polémica» en el público. En su apartado «antipiquete», el nuevo Código aumenta la escala penal de un máximo de dos a tres años de prisión por «detener o entorpecer» la marcha de medios de transporte públicos y privados. Gremios, organizaciones y colectivos de género debieran poner el grito en el cielo –con razón– por esa norma que criminaliza el conflicto social. Es de esperar que la tele intratable se haga un festín con ese «debate».

-Expulsión y «cepo» a los extranjeros: la ley vigente ya permite expulsar a residentes temporales si delinquen, pero el trámite no es tan fluido como el gobierno quisiera. Acusa por las demoras a la Dirección de Migraciones, que detiene las expulsiones cuando los denunciados tienen familia en la Argentina. El senador Miguel Pichetto, hoy candidato a vice de Macri con afinidad a las iniciativas xenófobas, será el vocero del «debate» en torno a la nueva legislación, incluida en el proyecto de Código Penal, que instiga a los jueces a acelerar las expulsiones. También se evalúa reflotar un proyecto del diputado radical Luis Petri para impedir que los extranjeros estudien y asistan a hospitales públicos. La iniciativa fue congelada en febrero, pero podría ser reactivada si el show proselitista lo requiere. 

-Juicio en ausencia: el gobierno empuja una ley que permitiría juzgar a personas que no comparezcan ante los tribunales. Es la llave que abriría la posibilidad de condenar a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA, como reclaman los gobiernos de Estados Unidos e Israel. El macrismo postergó la iniciativa hasta el final de su mandato con la intención de reflotar en plena campaña el «efecto Nisman», que en 2015 impulsó la candidatura presidencial de Macri.

El uso de las víctimas de la AMIA con fines electorales es una práctica despreciable, pero el gobierno demostró que está dispuesto a usar todos los recursos a su alcance retener el poder. Por eso la oposición está preocupada por lo que pueda ocurrir en el escrutinio provisorio, que estará en manos de SmartMatic, una firma rodeada de sospechas.

Alarmados por los antecedentes del macrismo y la empresa informática, los opositores pidieron que se convoque a veedores internacionales de la OEA para que fiscalicen el escrutinio. Pero el gobierno, en un inquietante gesto de oscurantismo, se niega a hacerlo.

Total normalidad.«