Cambiemos La Rioja volvió a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que declare inválida la consulta popular que a fines de enero pasado avaló una enmienda de la Constitución provincial para favorecer la re-reelección del gobernador justicialista Sergio Casas.

Nuevamente con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra, excamarista federal en el juicio a los comandantes de la última dictadura y exministro de Justicia durante el breve gobierno de la Alianza, los diputados nacionales por La Rioja Héctor Enrique Olivares y Marcelo Germán Wechsler impulsaron una acción de amparo ante el máximo Tribunal.

Los legisladores  apuntaron a que se declare “la invalidez de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución provincial,  de  la ley 10.161 que la aprobó, de los decretos del  Poder Ejecutivo que convocaron a la consulta popular, del artículo 15 de la ley 5989 y del Acta de Proclamación del Tribunal Electoral Provincial del 29 de enero de 2019, que incorporó la enmienda a la Constitución de la Provincia”.

Ese paquete legal es el que posibilitó que mediante un mecanismo de enmienda se modificara la restricción a un tercer mandato consecutivo del gobernador, con aplicación inmediata para permitir que Casas aspire a continuar en el cargo después del 10 de diciembre próximo.

Cambiemos había intentado frenar durante la feria judicial reciente, en enero, la realización de la consulta que está prevista como mecanismo para respaldar o rechazar la modificación constitucional, pero la Corte desestimó el planteo y dejó abierta la posibilidad de una nueva acción judicial.

Eso es lo que ocurrió hoy.  La acción de amparo se dirige directamente contra la provincia de La Rioja, lo que habilita –según el fallo de la Corte de enero pasado- que la máxima instancia judicial actúe como tribunal originario.

Los legisladores de Cambiemos, oposición en La Rioja, argumentaron en el escrito, de más de medio centenar de páginas, que “el procedimiento seguido y el modo en que se efectuó el cómputo de los votos necesarios para la aprobación de la enmienda se realizó apartándose  inequívocamente  con lo dispuesto en  la Constitución de la Provincia, afectándose de esa manera en forma irreparable el sistema representativo y republicano que consagra la Constitución Nacional  y que la Provincia de La Rioja se encuentra obligada a respetar”.

En ese sentido, objetaron la validez del resultado por lo que consideraron la escasa participación popular y los porcentajes que obtuvieron cada una de las dos posturas, por la aprobación y por el rechazo. 

 “La voluntad popular ya se expresó en la consulta popular. La inmensa mayoría no concurrió a las urnas. Sólo una minoría del 25,58 % del padrón ratificó la enmienda constitucional. A pesar de ello, mediante una interpretación sesgada del artículo 84 de la Constitución Provincial, el Tribunal Electoral Provincial en forma arbitraria proclamó ratificada la enmienda”, se quejaron.

 “Venimos a denunciar una fraudulenta maniobra ideada por el propio Gobernador, otras autoridades y legisladores provinciales, para introducir una enmienda constitucional que habilita su reelección desconociendo las reglas de la Constitución local respecto del procedimiento y del modo de contabilizar las mayorías para incorporarla”, sostiene la presentación.

“Este avasallamiento a los principios republicanos que deben respetar tanto la Nación como las provincias, ha sido hecho con la absoluta aquiescencia de los órganos electorales y judiciales locales”, argumentaron los legisladores.

El escrito hace hincapié en una expresión del legislador local Lázaro Fonzalida quien, al explicar públicamente la estrategia del oficialismo para alcanzar la aprobación de la enmienda, expresó: “Los peronistas somos vivos, no somos pelotudos, somos bien vivos”.

 La frase dio pie a los legisladores de Cambiemos para replicar que “no es de “pelotudos” cumplir la Constitución y respetar el Estado de Derecho”. Y agregaron: “Venimos a solicitar a la Corte Suprema que desmienta esa temeraria afirmación y restablezca la vigencia del orden jurídico en  la República”.

“El proceso de reforma constitucional puede tener carácter justiciable cuando se vulneren garantías del orden jurídico provincial y federal. Es lo que aquí ocurre con este proceso que persigue el único y espurio objetivo de modificar las reglas vigentes para beneficio del actual gobernador, y habilitar su candidatura para un tercer período”, explicaron los legisladores al justificar la intervención directa de la Corte.

El máximo Tribunal no tiene plazos para expedirse, pero ya en la resolución de diciembre pasado anunció que acelerará los tiempos para que la cuestión planteada sea resuelta antes de las elecciones de renovación de gobernador.