La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, Cristina Caamaño, estableció una delimitación de las colaboraciones judiciales que podrán ser solicitadas al organismo y dispuso que se ajusten a las materias propias establecidas por ley para esa agencia: terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

La resolución, que será publicada en el Boletín Oficial, dispone la “reducción al mínimo de los casos posibles” el ejercicio de las funciones de investigación criminal de la AFI y su participación como auxiliar de justicia, “ciñéndose exclusivamente a las materias propias de este organismos, establecidas legalmente”. “Los medios técnicos y humanos de la AFI se abocarán al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos, y contra los poderes públicos y el orden constitucional, legalmente establecidas por la ley 25520 y su  modificación 27126”.

Los artículos 3ero y 4to. Corresponden a la comunicación de lo dispuesto a jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país y a la Corte Suprema de Justicia, para que “dichos funcionarios apliquen de forma restricta la facultad de requerir la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia”.

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En los considerandos de la decisión, Caamaño menciona al decreto 656 del 6 de mayo de 2016 –dictado por la gestión de Mauricio Macri- como “la condición necesaria para provocar interferencias en el funcionamiento de los demás poderes constitucionales del Estado Nacional y afectar simultáneamente los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”.

Esa medida, que le permitió a la AFI mantener el secreto sobre sus fondos sin rendirle cuentas a nadie, provocó un “notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del sistema de inteligencia nacional” por resultar “contradictorio con los ejes fundamentales de la reforma del sistema fijada por la ley 27176”, sostiene la interventora.

En efecto, Macri eliminó en 2016 buena parte del decreto 1311/2015 que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de la ex SIDE y todos los recursos se convirtieron en una caja negra que, a juicio de la nueva gestión, permitió ejecutar acciones que extralimitaron los marcos fijados por la ley para el accionar de la AFI.

Caamaño menciona además la acordada de la Corte Suprema de Justicia del 19 de junio de 2019 en la que el máximo tribunal exhortó a los jueces con competencia penal a que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención de la AFI.

Tal como lo informó Tiempo Argentino en su edición del domingo, el objetivo de la intervención es restringir la participación de los espías en investigaciones criminales, de modo de reducir las tentaciones económicas de los agentes, cortar el cable que une a la ex Side con los tribunales y concentrar los esfuerzos en la inteligencia estratégica, una tarea indispensable en un mundo que salta de convulsión en convulsión.