El 13 de noviembre las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, debatieron la derogación de la Ley 27.604. La norma había modificado la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, imponiendo la prohibición de la utilización o venta de bosques nativos, áreas naturales protegidas, zonas agropecuarias, praderas y pastizales que hayan sufrido un incendio provocado o accidental.
Una ley del Congreso sólo puede ser derogada por otra ley. El cambio en la actual normativa es impulsado por dos legisladores entrerrianos vinculados a sectores del agronegocio. Quien propuso la modificación en la Cámara de Diputados en julio pasado fue Beltrán Benedit, director provincial de la Sociedad Rural y miembro de La Libertad Avanza. Benedit es uno de los legisladores que ese mismo mes visitaron en el penal de Ezeiza a Alfredo Astiz y otros represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
En la Cámara Alta, quien presentó la nueva normativa fue Alfredo De Angeli, senador entrerriano por el PRO. Tras ser tratada en reunión plenaria de comisiones, la iniciativa quedó disponible para recibir dictamen favorable en las próximas sesiones de la Cámara Alta. En caso de obtenerlo, podrá recibir media sanción y ser girada a Diputados para su aprobación final. El dictamen navega ahora en el plano de las indefiniciones, porque el período de sesiones ordinarias del Congreso concluye el 30 de noviembre y el Ejecutivo no tiene previsto extenderlo a diciembre. Luego del estancamiento de las negociaciones por el Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei podría convocar a sesiones extraordinarias en diciembre, enero o febrero. La Constitución le permite convocar al Congreso para que sesione en el receso de verano y, en esta etapa del año, el temario de proyectos a debatir los define exclusivamente el Ejecutivo. Por esa razón la derogación podría pasar para el año que viene, sin perder estado parlamentario, o ser incluída en una eventual convocatoria a extraordinarias. Hay otro obstáculo: en el Senado no hay sesiones desde hace cinco semanas, en un virtual estancamiento del recinto por las dificultades del oficialismo para contener las ofensivas de la oposición.
“Se presume que la intención de la derogación total o parcial de la Ley de Fuego apuntaría a dos cuestiones, ambas con muy fuertes consecuencias negativas a la hora de la lucha contra los incendios forestales, que son uno de los flagelos más significativos y directos del cambio climático”, alertó Sergio Federovisky, ex viceministro de Ambiente de la Nación, en diálogo con Tiempo Argentino en diciembre pasado, cuando el presidente Javier Milei había manifestado la intención del gobierno nacional de derogar la ley. “Lo que estaría funcionando con pleno derecho y sería de altísima gravedad es lo que hoy funciona en la ilegalidad. Es decir, quemar para destruir un humedal, por ejemplo, en el Delta del Paraná y forzar el loteo de esa área quemada para luego ser utilizada productivamente”, agregó.
Riesgo de desastre ambiental
En lo que va de 2024, Argentina padeció dos incendios forestales de magnitud. A fines de enero se desató el fuego en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut: se mantuvo encendido por 26 días y afectó a casi 7.000 hectáreas de zona protegida. El intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño, aseguró que el fuego “fue provocado intencionalmente”, aunque las investigaciones posteriores no dieron con los responsables. A mediados de julio se localizaron los primeros focos de incendio en la provincia de Córdoba, que se propagaron rápidamente por vastos sectores serranos. Luego de casi tres meses de intenso combate y un enorme despliegue de brigadistas y bomberos, las quemas dejaron un saldo de casi 100.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Además del impacto en la naturaleza, también hubo graves pérdidas materiales: 42 familias perdieron sus hogares en cercanías de Capilla del Monte, Los Cocos y Villa Yacanto.
La combinación de mayores temperaturas, menores lluvias y la voracidad de los proyectos inmobiliarios rurales resulta fatal para la conservación de los ambientes naturales. La modificación de esta normativa tendrá como resultado mayor cantidad de incendios provocados y, sobre todo, la falta de mecanismos que permitan prevenir y detener a los responsables.
