Datos falsos y tergiversados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se dedicó esta semana a recorrer canales de televisión para asegurar que el alarmante aumento de la inseguridad se debe a la participación de extranjeros en los delitos relacionados con el narcotráfico. La funcionaria aseguró con vehemencia que el 33% de los presos por delitos relacionados con las drogas son extranjeros, cuando en realidad es el 18%.

Según el informe correspondiente a 2016 de la Subsecretaría de Política Criminal, que depende del Ministerio de Justicia que conduce Julián Garavano, el 82% de los 8012 presos por infracciones a la ley de drogas son argentinos, por lo que el 18 restante son extranjeros. Bullrich eligió anunciar el 33. Se trató, en realidad, de una estadística extraída solo del Servicio Penitenciario Nacional, que excluyó a las cárceles provinciales y que dio cuenta de la totalidad de los delitos federales (trata, secuestros, evasión fiscal). El número no se refería sólo a narcotráfico.

Es que los extranjeros presos por delitos relacionados con el negocio ilegal de drogas son 1420. Si se toma la totalidad de los presos por todo tipo de delitos, el porcentaje de extranjeros es sólo del 6 por ciento.

La arremetida discursiva de Bullrich y Garavano se desató luego del crimen de Brian, en el barrio de Flores, a mediados de diciembre. Allí se produjo una transmisión en vivo por los canales de televisión de la protesta de los vecinos contra la comisaría. Luego se conoció que el acusado por el crimen era un adolescente boliviano. Entonces el ministro de Justicia propuso bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y ahora Bullrich focaliza en los inmigrantes de países vecinos.

«Es una descontextualización de los datos. La intención es dar cuenta de que el Estado debe intervenir y desarrollar medidas, como la que pretenden con la reforma a la ley de migraciones, que no se justifica. Se necesita generar una situación que justifique una emergencia y una urgencia cuando los datos no lo demuestran. Los delitos federales graves cometidos por extranjeros que intenten ingresar al país ya tiene respuesta en la Ley de Migraciones que habilita al Estado brindar o no el acceso o residencia en Argentina», le dijo a Tiempo Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). «Sería necesario poner el ojo en la gestión de la ley y no insistir con que hay que reformularla», agregó.

Para Paola Spatola, especialista en seguridad y presidenta del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, «la incidencia de extranjeros en la composición del universo penal del sistema federal no es significativo al momento de decidir una política criminal». La especialista, en cambio, remarcó que «sí lo es la violencia en las calles por haberse perdido por parte del Estado el manejo del espacio público. Sí lo es la participación de jóvenes en conflicto con la ley penal que carecen de un régimen penal juvenil, sí lo es la corrupción de las fuerzas de seguridad».

«Respecto a la ley migratoria, con la que tenemos en la actualidad, podríamos hacer mucho más de lo se hace -subrayó Spatola-. No recibir extranjeros condenados en su país de origen no requiere una norma nueva. Sería más oportuno profundizar los sistemas de información. Argentina sufre de inflación de normas y carece de políticas criminales pensadas y elaboradas a corto, mediano y largo plazo».

El informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre la situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales argentinas, da cuenta de que «el promedio histórico de presos extranjeros alojados en el SPF ronda el 20% desde el año 2005». El procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo, le aseguró a este diario: «La población extranjera en conflicto con la ley penal es más o menos estable. Su crecimiento no es importante. Es el término medio que tienen todos los países en desarrollo. No somos los más bueno ni los más malos.» «