La nota de tapa de la edición impresa de Tiempo Argentino del domingo pasado llevaba como título “El gobierno apuntala un comando unificado para limitar la protesta social”. Más abajo, se explicaba que “la represión a las últimas manifestaciones por la reforma previsional sirvieron de ensayo para un esquema de control con la participación todas las fuerzas federales”.

Hoy, oficialmente, se supo que por iniciativa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se conformará en los próximos días una comisión y un Comando Operativo Conjunto, con las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, ante los supuestos episodios de violencia que el gobierno de Macri le atribuye a la organización “fantasma” Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Se supo también que el Comando Operativo Conjunto estará integrado por fuerzas federales y provinciales, o sea, las distintas policías más la Gendarmería y la Prefectura, ambas involucradas en la muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, luego de feroces represiones.

Patricia Bullrich ya no sólo insiste en definir a la RAM como una “organización de características terrorista” sino que hoy fue más lejos y precisó que “se trata de un movimiento que promueve la lucha insurreccional, que no reconoce al Estado argentino ni la legislación de las provincias, un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos” y que su accionar “no son hechos aislados sino que forman parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en la reivindicación legítima de los pueblos originarios presentes en territorio argentino y reconocidos por la Ley 26.160”.

La conformación del Comando Operativo Conjunto quedará constituido el próximo 25 de enero en un documento que firmarán, además de Bullrich, los máximos funcionarios de seguridad de las tres provincias citadas. En ese marco, tanto el Gobierno nacional como los provinciales, con su accionar conjunto, “buscarán evitar llegar a la situación en la que se encuentra actualmente Chile respecto a estos reclamos territoriales”.

Por último, informaron también que se buscará desde el Poder Judicial “alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad, afectando la seguridad, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación, tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en el país”.